Un limitado pacto del suelo
El tan esperado pacto del suelo para unificar las políticas urbanísticas y abaratar el precio de la vivienda, una de las mayores aspiraciones de los españoles, ha fracasado. El ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, sólo logró ayer cerrar un compromiso limitado, tanto en su contenido como en el grado de respaldo político, con las comunidades autónomas gobernadas por sus correligionarios del PP más Cataluña y Canarias, en total doce. Las regiones gobernadas por los socialistas y el País Vasco se negaron a suscribir la propuesta. La proximidad de las elecciones municipales parece estar detrás de este desencuentro, pero no es menos cierto que el modelo que defiende el PSOE es sustancialmente diferente en los planteamientos.
El Gobierno, acuciado por la imparable escalada del precio de la vivienda, ha tratado de forzar un pacto político que le permitiese liderar ante la opinión pública la lucha contra el encarecimiento de los pisos. Un intento cuya proximidad a la cita electoral también le da un cierto tufillo electoralista. Fomento sostiene, no obstante, que el pacto conseguido ayer supondrá un cambio radical de la política de suelo y vivienda, aunque la no presencia de las comunidades gobernadas por los socialistas lleva a poner en duda la afirmación. Todo indica que el PP no consigue desatascar el problema del suelo -culpable último de las subidas, según todos- que le ha llevado, entre otras cosas, a tener paralizado en el Parlamento el proyecto de ley sobre esta materia desde que en junio de 2000 aprobara un plan de medidas liberalizadoras.
a día a la impotencia de no poder comprar una casa. Todo ello, sin embargo, sería secundario si el acuerdo contuviese realmente elementos capaces de cambiar la tremenda escalada de precios de la vivienda que ha vivido España desde la llegada del PP al poder. Pero es que además, una vez leída la letra pequeña, pocos observadores fuera del Gobierno confían en que las cosas vayan a cambiar.
Y no sólo eso, sino que además se adivinan efectos secundarios cuanto menos preocupantes. De lograr todos sus objetivos, el pacto de ayer únicamente lograría mejoras muy limitadas en la mitad del territorio nacional, y fragmentaría el mercado en dos modelos diferentes. Lógicamente, si las comunidades socialistas y el País Vasco llevasen a cabo sus propios planteamientos, conseguirían también particulares avances, que abundarían más en la ruptura del mercado. Todo ello, sin garantías de uniformidad y con el riesgo de acabar de dislocar totalmente el mercado.
Y el acuerdo es necesario. No sólo porque el Gobierno actual (y cualquier otro en el futuro) no tiene más armas legales para armonizar la política urbanística, dado que las competencias juríricas están reservadas, con fallo del Tribunal Constitucional de por medio, para las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Es necesario también porque esta circunstancia puede fragmentar el mercado no sólo en dos modelos (el del Gobierno y el del PSOE), sino en tantos cuantas comunidades autonomas hay en España.
En todo caso, los dos modelos hasta ahora presentados por los dos grandes partidos meceren una pequeña atención, entre otras cuestiones, porque son abiertamente excluyentes. La interpretación liberal del mercado del suelo y la vivienda que hace el Partido Popular podría resultar aceptable si el mercado fuese perfecto; es decir, si no mediase la intervención de los ayuntamientos para soltar oferta con cuentagotas y condicionar la política de precios en función de la presión de la demanda. La realidad y las escandalosas cifras en el aumento del precio de la vivienda en los últimos seis años prueban la falacia de este planteamiento. Esta práctica, de jugosos lucros para los promotores, está además viciada y condicionada por ser una de las más fiables fuentes de ingresos de los municipios, pues engorda una espiral que proporciona más recursos cuando más lenta y trabajada es la calificación de solares.
El modelo intervencionista del PSOE, no necesariamente defendido por todas sus comunidades autónomas, quiere que las decisiones públicas preserven más metros cuadrados para la construcción de vivienda de protección oficial, de precio tasado, para facilitar el acceso de las rentas más modestas. Pero la trampa está también en el planteamiento: cuando más suelo se destine obligadamente a VPO, menos queda liberado para vivienda de mercado,y, por tanto, más subirá su precio.