Estado y seguros ante las catástrofes

Un sistema inusual de bajas presiones golpeó el este y el centro de Europa en agosto de 2002. Lluvias torrenciales e inundaciones afectaron fuertemente a estas regiones, con niveles de una vez cada 100 años. Se evacuaron 600.000 personas, con más de 100 fallecidos. El coste de esta catástrofe natural se evaluó en unos 20.000 millones de euros.

Actualmente, la ampliación de la zona afectada por el vertido del petrolero Prestige a las costas francesas supone un aumento de los damnificados, pero no de las indemnizaciones del Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a la Contaminación por Hidrocarburos (Fidac) y el London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Limited (el London Club). La compensación total no superará los 180 millones de euros.

Se trata de dos eventos catastróficos que afectan a zonas desarrolladas y que, sin embargo, manifiestan una escasa recuperación del seguro.

Tras las inundaciones de agosto, la Comisión Europea propuso la creación de un fondo de ayuda para los desastres naturales, tecnológicos y medioambientales a favor de los Estados miembros con una dotación máxima de 1.000 millones de euros. Nuevamente de actualidad a causa del Prestige.

Esta iniciativa se enmarca en la tendencia de aumento de la frecuencia y del coste de las catástrofes registrada en la última década, lo que supone un desafío para la industria del seguro y del reaseguro; no sólo en cuanto al coste económico, sino también respecto a la adopción de criterios e instrumentos técnicos adecuados para hacer frente a los riesgos extraordinarios. De ahí, la necesidad de revisar las coberturas tradicionalmente ofrecidas, con la reflexión mundial existente sobre los dispositivos en vigor y el lugar respectivo de los Estados y de los aseguradores privados. La construcción del modelo actuarial para los riesgos catastróficos es un asunto complejo ante la carencia de bases estadísticas fiables, con una fuerte acumulación de valores asegurados y el grave problema de la antiselección. Estas dificultades hacen que el asegurador sólo pueda retener parte del riesgo, acudiendo al reasegurador o a otras soluciones para transferirlo.

La capacidad del reaseguro, entendida como los capitales propios comprometidos para hacer frente a estos riesgos, ha sido insuficiente o considerada excesivamente cara en las tres últimas renovaciones de contratos de reaseguro, lo que supone que la disponibilidad y el precio de esta capacidad están en función de un mercado cíclico, que impide alcanzar la estabilidad deseada. Ante esta situación, los principales países desarrollados están respondiendo, destacando la diversidad de soluciones adoptadas: respecto de la obligación de asegurarse, de la naturaleza de los eventos y daños protegidos, de las partes implicadas en la indemnización o del nivel de solidaridad requerido.

En los países donde existe obligatoriedad de asegurarse, aparece necesariamente la solidaridad entre los asegurados, lo que conlleva la intervención gubernamental, con la necesidad de aportar recursos del Estado.

La ausencia de obligatoriedad de asegurarse implica en muchos casos insuficiencia de cobertura, con la consiguiente insatisfacción de los asegurados, al no tener protegida sus necesidades.

Las tareas principales del Estado, y de las restantes Administraciones, regionales o municipales, allí donde estas funciones estén descentralizadas o sean compartidas, deben consistir en prevenir, informar, controlar y realizar obras de interés general. Debe preocuparse de que las zonas amenazadas por estos riesgos estén registradas y que, siempre que resulte posible, sean evitadas.

El Estado tiene que constituir una red de seguridad para cubrir las consecuencias de las catástrofes que superen las posibilidades de los damnificados.

En la mayor parte de los países europeos, las aseguradoras pueden reducir la fluctuación de sus resultados con ayuda de las reservas de estabilización. La constitución y cancelación de estas reservas están sujetas por regla general a una formulación estricta, desarrollada en tiempos de mercados muy regulados. Cabe preguntarse si este mecanismo, ahora en revisión, será suficiente para controlar las fluctuaciones en mercados menos regulados y más globalizados.

Se observa una tendencia hacia normas de solvencia más severas, atribuible principalmente al aumento de competitividad. En este contexto, el reaseguro orientado hacia la solvencia tiene perspectivas favorables.

Las autoridades de supervisión y control tienen una tarea difícil: de un lado, hay que ofrecer una visión del balance que refleje fielmente la situación patrimonial y financiera, y de otro, hay que tener en cuenta las consecuencias de una excesiva restricción a la puesta en marcha de las nuevas soluciones de transferencia de riesgos.

Los riesgos catastróficos se han considerado exclusivamente desde el punto de vista del asegurador, el punto de vista del inversor comienza a adquirir una importancia clara. La introducción de riesgos catastróficos como nueva alternativa de inversión abre perspectivas para una selección de cartera aún más eficiente con la posibilidad de diversificación adicional.

La correcta integración entre el papel del Estado y las posibilidades de la industria reaseguradora privada y la aplicación de las nuevas formas alternativas de cesión de riesgos suponen la condición necesaria para permitir hacer frente al desafío permanente de dar cobertura real a los damnificados por catástrofes.