El Plan Bush, empleo y crecimiento
La propuesta growth and jobs (crecimiento y empleo) que el presidente Bush envía a Congreso y Senado para su discusión tiene un coste de 674.000 millones de dólares, distribuido en 10 años. Algo más de la mitad se debe a la eliminación de la imposición sobre dividendos, y casi todo el resto proviene de adelantar los estímulos fiscales aprobados en 2001 para ser introducidos entre 2006 y 2010, que se aplicarán ahora con carácter retroactivo desde comienzos de este año.
Estos incentivos pretenden terminar con el tratamiento desfavorable de la tributación conjunta del matrimonio, elevan la deducción general por hijos y cambian la estructura fiscal, de manera que haya más familias sin obligación de declarar, así como en el primer tramo impositivo, que tributa al 10%. Una cantidad menor se destina a incentivar la compra de equipos por pymes, y 3.600 millones irán a los Estados para programas de formación y recolocación de trabajadores en paro.
La piedra angular del plan es la eliminación de la imposición de los dividendos, cuestión que lleva tiempo discutiéndose en las economías desarrolladas. El argumento, que podría aplicarse a otras ineficiencias del sistema fiscal en EE UU y en Europa, es técnicamente impecable, pues los dividendos, que provienen del beneficio generado por las empresas, tributan dos veces: una, como beneficio de las empresas, y otra, como renta del accionista.
Las empresas de alta tecnología han favorecido tradicionalmente la reinversión de los beneficios frente a distribuirlos como dividendos, lo que ahora se ve penalizado con el cambio. Esta actitud, propia de la burbuja de los noventa, que se extendió a otros sectores y tan negativa resultó a la postre, podría revertir ahora, pues la exención de los dividendos debería inducir a los gestores a sustituir la expectativa de creación de valor para el accionista por la distribución de dividendos.
La justificación técnica del plan no impide que haya sido justamente criticado porque, por naturaleza, la eliminación de la doble imposición de los dividendos tiene a los contribuyentes más ricos como principales beneficiarios, lo que no ha sido rebatido por sus proponentes. Parece que, en tiempos de crisis como los actuales, es más fácil preocuparse de estimular el crecimiento que de aumentar el nivel de equidad impositiva.
Los efectos de la eliminación de la imposición de los dividendos están más concentrados socialmente de lo que parece, por: 1) para que el descuento fiscal generado por la medida sea significativo es preciso que se reciba una cantidad muy elevada de renta en forma de dividendos, y 2) aunque casi la mitad de los estadounidenses posee acciones, la mayoría lo hace a través de fondos de pensiones, en las que los dividendos no están sujetos a impuestos.
En cambio, el perfil de ciudadano retirado, que ha disfrutado de renta holgada en su vida profesional y ha tenido más tiempo de acumular acciones, se verá beneficiado. La orientación de la medida es clara: al adelantar las deducciones y exenciones fiscales introducidas en 2001, han quedado fuera algunos esquemas específicamente dirigidos a familias pobres. La Brookings Institution estima que el 10% de las familias más ricas recibirá el 59% del recorte impositivo, mientras el 60% de las familias de menor renta recibirá el 8% del recorte.
Un segundo aspecto crítico del plan se refiere a su potencial reactivador. La parte que se va a aplicar de inmediato es muy pequeña como para reforzar la dubitativa recuperación de la economía estadounidense. Sólo 102.000 millones de dólares se aplicarán durante los primeros 16 meses. De ellos, 20.000 se refieren a la eliminación del impuesto sobre dividendos, del que los inversores sólo empezarán a beneficiarse en 2004.
La propia crítica por inequidad, al beneficiar la mayor parte de los incentivos a un reducido grupo de familias en los tramos superiores de renta, debilita su efectividad, pues éstas tienen propensión menor a consumir y son, por tanto, más proclives a ahorrar el importe del recorte impositivo, reduciendo así su posible efecto estimulador.
La tercera crítica responde a la difícil situación presupuestaria en que el plan sitúa a los Estados de la Unión que, teniendo sus esquemas impositivos diseñados a imagen del estado federal, deberían aplicar un plan similar. Sin embargo, no pueden incurrir en déficit presupuestario, por lo que difícilmente pueden asumir la eliminación del impuesto sobre dividendos, lo que podría motivar la introducción de leyes que desvinculasen la tributación estatal de la federal, reduciendo así aún más el impacto inicialmente previsto en el plan.
Al eliminar la tributación de los dividendos, la renta variable pasa a recibir, con carácter permanente, tratamiento favorable en relación con la fija. Ello conlleva un perjuicio adicional para las Administraciones locales (y también para las empresas), que precisarán ofrecer mayor remuneración en la deuda que emiten, de modo que los inversores puedan considerar la deuda tan atractiva como las acciones. El consiguiente encarecimiento de la deuda dificultará la financiación de infraestructuras locales (escuelas, carreteras, etcétera) y podría llevar a retirar algunas de tales propuestas.
Bush ha sido bastante agresivo enfatizando su intención de proponer estos recortes como permanentes. Eso sería negativo, pues traería al país a una dinámica de déficit presupuestarios crecientes. Introducir incentivos fiscales con carácter transitorio para estimular la economía en una situación cíclica tan difícil puede ser conveniente, pero siempre manteniendo el objetivo de equilibrio fiscal, en promedio, en el largo plazo.
Hay potenciales alternativas al plan, siempre en función de los objetivos. En la actual coyuntura, deberían ser: mantener la relativa fortaleza del consumo e incentivar la inversión en equipos y la creación de empleo. Los tres se mencionan en el plan, pero reciben un énfasis muy desigual. El riesgo de hundimiento de la demanda se reduce gracias a la extensión del programa federal de prestaciones por desempleo aprobado estos días, a pesar de las manifestaciones de diversos congresistas y senadores republicanos mostrando su preferencia por actuaciones para crear empleo, frente a mejorar la asistencia a los desempleados. Por el contrario, el apoyo a la inversión en el plan es demasiado exiguo, y tampoco incluye incentivos a la creación de empleo.
A las actuales dificultades económicas se unen las tensiones políticas. La continuada incertidumbre sobre posibles conflictos bélicos es muy negativa: encarece una materia prima tan preciosa como el petróleo, con repercusiones en toda la economía, e impide un acercamiento decidido de los inversores a los mercados que conllevan cierto riesgo, como las Bolsas, dificultando así la recuperación. Es muy probable que una guerra abierta tuviera un coste mucho mayor que el posible estímulo que ahora se busca, haciendo casi irrelevantes las actuales consideraciones acerca de la efectividad del plan del presidente Bush. Incluso la presentación del plan sugiere que, aparte de los aspectos humanos y de estrategia política, existen razones de índole económica para no iniciar una guerra que no parece necesaria, así como para tomar una actuación política decidida que aleje definitivamente el espectro de un conflicto bélico.