A propósito del 'Prestige'
Sería una lástima que, por evitar críticas, el Gobierno cerrara toda posibilidad de debate con ocasión de la catástrofe del Prestige, porque, tanto si el Gobierno lo hubiera hecho mal como si lo hubiera hecho bien, merecería la pena debatir al menos sobre tres cuestiones -gasto público, información y coordinación- cuya importancia ha revelado el caso Prestige. Una reflexión colectiva serviría no sólo para evitar problemas similares en el futuro, sino también para mejorar el funcionamiento de nuestra economía en otros campos.
En primer lugar, sería interesante debatir sobre la importancia de algunos epígrafes de gasto público para el desarrollo de la economía privada. De la misma forma que un exceso de gasto público ahoga el crecimiento al sofocar la iniciativa privada, una insuficiencia de gasto público -en este caso medios de detección, remolques, descontaminadores, etc.- puede dañar al sector privado. El gasto público no debe ser el mayor posible, como lo solicitaban los izquierdistas en el pasado, ni debe ser casi nulo como todavía predican algunos ultraliberales. El lema que repite el líder de la oposición -'no debemos gastar más, sino gastar mejor'- merecería desarrollarse en este caso.
En segundo lugar, se debe debatir sobre la información. La información no puede concebirse por los Gobiernos como algo que se suministra graciablemente al ciudadano. En esta época de Internet en que las decisiones descentralizadas juegan un papel fundamental, el Estado debe suministrar al público toda la información inmediatamente, salvo en las pocas ocasiones en que puede sufrir la seguridad del Estado.
Una de las razones por las cuales la economía estadounidense crece más es por la cantidad y calidad de información que la población tiene a su disposición, mientras que en Europa -y no digamos en España, donde en los últimos años ha habido un serio retroceso- los Gobiernos consideran que sobre la información tienen todavía un derecho de pernada.
En tercer lugar, se debe debatir también sobre la cooperación entre los distintos niveles de gobierno, que se ha convertido ya en un asunto trascendental. El proceso de pérdida de competencias del Estado español hacia arriba, hacia Bruselas, ha sido muy beneficioso para el país. Igualmente, el proceso de descentralización hacia abajo, hacia las comunidades autónomas, ha mejorado la eficiencia del gasto, aunque está por ver si el nuevo sistema de financiación, que ha transferido ingentes recursos sin apenas avanzar en la responsabilidad fiscal, acaba dándonos algunos sustos.
Pero lo que ha puesto de relieve el Prestige es que los tres niveles de gobierno deben tener bien diseñados los mecanismos de cooperación para los casos en que todos tienen competencias y han de intervenir.
Estos mecanismos no existían antes porque el poder de decisión estaba concentrado en una sola mano, pero ahora son absolutamente necesarios para evitar que se produzcan problemas de descoordinación. La coordinación no debe improvisarse, no debe diseñarse e implantarse sobre la marcha, sino que debe formar parte del funcionamiento normal y estable de las instituciones.
Es tan importante que los españoles debatamos sobre estas tres cuestiones que quizá habría que pedirle al PP y al PSOE que hicieran dos debates distintos a propósito del Prestige.
Uno, imprescindible en un sistema democrático, pero, al fin y al cabo, coyuntural, se dedicaría a exigir responsabilidades políticas, mientras que otro debate debería dedicarse a debatir estas otras cuestiones, que son independientes de quién esté gobernando en cada momento, y que los españoles deberíamos resolver al margen de que los gobernantes de turno tengan más o menos reflejos, estén más o menos cansados, tengan más o menos sensibilidad, o sean más o menos incompetentes.