Las inversiones socialmente responsables
Las inversiones socialmente responsables (SRI) permiten a los inversores llevar a cabo sus inversiones de manera mínimamente coherente con sus valores personales y ciudadanos. Y, a la vez, informan a las empresas de aquellos criterios de actuación sociales y medioambientales a los que los inversores y la sociedad son especialmente sensibles. De ahí que sea conveniente reflexionar sobre su débil implantación en España. Para mejorar dicha implantación creo imprescindible tomar en consideración cinco aspectos.
1 Deberíamos reflexionar sobre la conveniencia de la denominación adoptada en España para referirnos a las SRI. Considero especialmente problemática la denominación y uso del calificativo solidario. De hecho, los análisis comparativos europeos no consideran (opino, dicho sea de paso, que de manera justificada) a los fondos que en España denominamos solidarios como SRI. Además, creo que la normativa española facilita excesivamente el uso de un calificativo tan potente desde el punto de vista social y comercial como es el de solidario. En cualquier caso, creo que deberíamos separar los fondos que se caracterizan exclusivamente por dar una parte de su comisión de gestión a una entidad social del ámbito de las SRI.
2 A semejanza de lo que ha ocurrido en otros Estados europeos, sería deseable impulsar en España la creación de un foro sobre inversiones socialmente responsables (en el marco de Eurosif) que permita su divulgación y la reflexión compartida entre las personas y las instituciones interesadas en ella.
3 Sería muy importante introducir cambios en la normativa vigente en lo que se refiere a la información que se solicita a los fondos de inversión y a los fondos de pensiones. Tal y como ya se ha hecho en otros Estados europeos, se trataría de añadir a la información relevante que dichos fondos deben facilitar algún documento en el que se declare si asumen o no criterios éticos, sociales y medioambientales para decidir sus inversiones.
4 El impulso de las SRI en los países que las tienen más desarrolladas se ha basado en el compromiso de organizaciones sociales y grupos religiosos. Salvo notables excepciones, no parece que en España sea ésta precisamente la orientación dominante de las inversiones realizadas por organizaciones e instituciones de este perfil. Creo que sería bueno que en España las entidades religiosas y las organizaciones sociales y del tercer sector abrieran un debate, al menos, sobre la necesidad de una mayor transparencia e información pública en cuanto al destino de sus inversiones. Al fin y al cabo, se supone que la exigencia de transparencia no se reduce al mundo empresarial
5 Finalmente, creo que es necesario plantear dos cuestiones muy específicas al sector. Las dos se refieren a déficit de comunicación que considero que deben resolverse. En primer lugar, es necesario un mayor esfuerzo de comunicación y diferenciación ante los inversores del perfil propio de las inversiones socialmente responsables. Y, en segundo lugar, creo que es manifiestamente mejorable la comunicación con las empresas en relación con las decisiones vinculadas a dichas inversiones, especialmente cuando se trata de su exclusión.