Las muchas caras de la crisis en las 'telecos'
Una visión pormenorizada de la realidad del sector de telecomunicaciones muestra distintas imágenes, aparentemente contradictorias, que hacen difícil entender la situación de crisis en que se encuentra y por tanto acertar en la propuesta de recetas o soluciones a la misma.
Mirando al mercado, el sector creció en 2001 en su conjunto un 13,8 %, casi el doble que el PIB. La inversión fue un 32,57% mayor que en el año 1999, en el que el sector estaba en plena expansión de creación de valor, lo que aportó un 5,03% a la inversión total del país. Y fue capaz de atraer nuevas empresas (pasó de 42 a 50 operadores activos). Con esta visión se podría concluir que el sector no está en crisis, al menos en lo que se refiere a sus mercados.
Sin embargo, si se mira al valor del sector, se observa una pérdida superior al 75% entre febrero de 2000 y diciembre de 2001 (índice Eurotop 300 de telecomunicaciones). Una mirada a la situación financiera de las grandes operadoras muestra una deuda neta mayor de 4,5 veces el flujo de caja, y una sobrevaloración de activos por los altos precios pagados en la obtención de licencias de 3G, telefonía móvil de tercera generación, y en las adquisiciones de otras empresas. Y una mirada a las perspectivas económicas muestra una crisis en determinados países latinoamericanos, unos requerimientos inversores importantes (se estima en un 20% del valor bursátil para implantar redes 3G), y un crecimiento menor, con menores márgenes, de los nuevos mercados (datos, servicios de Internet).
Estas visiones muestran la existencia de una crisis económico-financiera del sector que se traduce en pérdida de su atractivo inversor. Esta crisis, aunque originada en las empresas cotizadas, afecta a todos los operadores, aun cuando la mayoría aún no cotiza, y aparece cuando la mayoría aún no genera suficientes recursos como para mantener la actividad, seguir invirtiendo, y alcanzar el nivel de rentabilidad que les asegure su viabilidad.
Se están adoptando muchas decisiones y acciones para salir de esta situación, que bien pudieran ser insuficientes o producir efectos contrarios a los deseados.
Como ejemplos: las empresas centran su gestión en reducir costes operativos, y no en la mejora de los ingresos. Así, la suspensión de las inversiones en tecnologías de la información (TI) para operaciones puede llevar a un aprovechamiento ineficiente de las ya realizadas, para mejorar la productividad -no desarrollo de nuevas aplicaciones, formación insuficiente del personal-. La reducción indiscriminada de las plantillas acarrea una disminución del conocimiento, limitando considerablemente la capacidad de reacción -innovación, gestión de la calidad, orientación al cliente-. La externalización de actividades o procesos sin una buena definición interna, y sin una capacidad de gestión de las subcontrataciones, puede llevar a una situación de anquilosamiento -mejora de procesos, innovación tecnológica, control y mejora de los acuerdos de nivel de servicio (SLA por sus siglas en inglés)-.
Por otro lado, la competencia exclusivamente en precios lleva inexorablemente a una reducción de márgenes y de rentabilidad, y en mercados de muy bajo crecimiento no puede garantizar unos retornos suficientes para asegurar la supervivencia. La no oferta de valor añadido asociado a los servicios impide una diferenciación de éstos, limitando el mercado potencial alcanzable por cada operador. Ignorar la realidad de los nuevos mercados de servicios en los modelos de negocio a corto hace asumir un riesgo inversor quizá no bien cuantificado en los balances.
Estas acciones u omisiones llevan sin duda a una perdida de valor de las empresas, aunque no coticen en Bolsa, lo que dificultará su salida de la actual crisis financiera.
Anivel institucional. Actuar preferentemente sobre los mercados y no tanto sobre los aspectos estructurales del sector. Así, las actuaciones bien intencionadas de estimulación de la demanda vía reducción de precios, especialmente de los nuevos servicios, cuando se desconoce la elasticidad de su demanda, pueden producir una erosión anticipada de los márgenes que haga insuficientes esos nuevos mercados para reemplazar la caída de los mercados saturados.
El no tratar diferenciadamente los mercados de infraestructuras y de servicios al establecer la normativa sectorial podría llevar a inducir un trasvase de márgenes de las primeras hacia los segundos, lo que desincentivaría la inversión en nuevas infraestructuras y haría no rentables las de reciente implantación.
Y en lo estructural, parece claro que el mercado de servicios por redes fijas experimenta un exceso de oferta que hace inviable su actual estructura. Sin embargo, la normativa sectorial parece más dirigida a consolidar esa estructura que a estimular su evolución. Por el contrario, en el mercado de servicios móviles sí pudiera haber lugar para mayor oferta (no para más redes), pero la normativa no parece favorecer esa extensión, sino de la consolidación de la oferta actual que integra redes y servicios.
Se puede decir que, aun cuando la crisis es financiera, se confía en que la solución venga de un mayor crecimiento de los mercados que haga rentables las empresas y, por tanto, atractivas para invertir.
Pero parece olvidarse que los mercados convencionales ya están creciendo de forma muy importante; que los nuevos mercados no crecen según lo deseable y el estimularlos vía reducción de precios es una forma de limitar su valor; y que la estructura sectorial existente puede no ser la más adecuada para que las empresas lleguen a ser rentables y atractivas. Por eso intuimos que la crisis del sector va a ser mucho más larga de lo que se supone, aún más que la actual crisis bursátil.