El PSOE exige extender a los órganos reguladores las incompatibilidades
Zapatero propondrá incluir en el ámbito de la aplicación de la Ley de Incompatibilidades de altos cargos a los presidentes, directivos y miembros de los organismos reguladores y de supervisión y, en particular, a los de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y la Comisión Nacional de la Energía.
El líder socialista defenderá también el deber de inhibición, durante los dos años posteriores al cese, de quienes hayan desempeñado un alto cargo y reingresen en la función pública, a la hora de prestar servicios relacionados con su anterior actividad.
La propuesta de 'regeneración democrática' incluye el establecimiento de un nuevo régimen de control y gestión de valores y activos financieros para todos los miembros del Gobierno, incluidos secretarios de Estado, de forma que se vean obligados a confiar sus participaciones accionariales a una entidad especializada. También pretende ampliar la obligación de los altos cargos de efectuar la declaración de actividades, de bienes y de derechos patrimoniales. El incumplimiento de estas obligaciones pasaría a considerarse 'infracción muy grave'.
El régimen de incompatibilidades vigente para los parlamentarios es aparentemente duro, pero tiene tantas lagunas que permite, por ejemplo, el ejercicio de una actividad privada incluso si ésta es comunicada con posterioridad a su inicio a la comisión del Estatuto del Diputado, que será finalmente la que dé o no su autorización.
Una ley exigente
Izquierda Unida asume, de momento en solitario, la defensa de un régimen de incompatibilidades parlamentarias mucho más restrictivo, a través de una proposición de ley de próxima entrada en el Congreso. æpermil;sta prevé la compatibilidad entre el escaño y la tenencia de un cargo en una empresa familiar del diputado, pero prohíbe a éste de forma expresa obtener cualquier tipo de ingresos de sociedades creadas, o que quieran contratarles, durante el mandato legislativo. 'Preferimos pasarnos que no llegar', afirma el diputado Luis Carlos Rejón, pese a reconocer que la ley electoral en vigor 'es una de las más duras de toda la Unión Europea'.
De momento, en el PSOE hay pocas voces favorables a una modificación de la Ley Electoral que implique el endurecimiento de las incompatibilidades parlamentarias, pues en sus filas se comparte también la impresión de que la norma vigente es exigente.
Otro tanto ocurre en el PP, el partido más afectado por la doble actividad de sus parlamentarios, donde se advierte del riesgo que supondría 'convertir a diputados y senadores en funcionarios con la sola obligación de apretar el botón para votar'.
No obstante, los portavoces parlamentarios del PP y el PSOE, Luis de Grandes y Jesús Caldera, aún no se han pronunciado de forma definitiva sobre una polémica en la que diputados de ambas formaciones aprovechan para recordar que son los peor pagados de la UE.
Severidad en Castilla- La Mancha
El Derecho comparado entre las normas sobre incompatibilidades parlamentarias refleja bastante uniformidad entre los principales países de la UE. Como ocurre con la legislación española, prácticamente todos dejan abiertas las vías para que los diputados puedan ejercer una actividad privada siempre que ésta no entre en colisión con los intereses públicos. Hay que distinguir entre el régimen de 'dedicación absoluta' a la tarea parlamentaria establecido en la mayor parte de las legislaciones comunitarias y la obligatoriedad de la 'dedicación exclusiva', supuesto ausente en estas normas.El mayor contraste se observa, sin embargo, en la regulación de las incompatibilidades dentro de los parlamentos autonómicos. En el PP y en el PSOE se coincide en que es la Cámara autonómica de Castilla-La Mancha la que ha incorporado condiciones más duras. Sus diputados están obligados a declarar sus actividades, bienes y rentas desde el inicio del ejercicio del cargo, después con periodicidad anual y también al finalizar la legislatura. Además, estos datos son públicos. La declaración de actividades, de carácter exhaustivo, debe remontarse a los cinco años anteriores al inicio del mandato. También se obliga a entregar copia de la declaración del IRPF.