Un total de 22 entidades modificará sus consejos
Un total de 22 de las 46 cajas de ahorros españolas tendrán que reducir el número de representantes de organismos públicos que tienen puesto en sus asambleas hasta que su peso no supere el 50%, máximo establecido en la Ley Financiera, según datos de las entidades.
El tope se establece para evitar que Bruselas catalogue como entidades públicas a aquellas en las que se supere el 50% y, por tanto, califique de ayudas públicas la financiación que otorguen.
La limitación afectará a las andaluzas Caja Jaén, La General, Unicaja, El Monte de Sevilla y San Fernando; a la asturiana Cajastur; a las canarias Caja Insular y Caja General de Ahorros de Canarias; a Caja de Cantabria; a las manchegas Caja de Castilla-La Mancha y Caja de Guadalajara, y a Caja Murcia.
Asimismo, tendrán que adecuar la composición de sus órganos de gobierno las catalanas Caixa Catalunya y Caja Tarragona; Caja La Rioja, las valencianas CAM, Bancaja y Ontinyet, y las vascas BBK, Kutxa y Caja Vital. Caja Navarra no dispone de asamblea general, pero todo su consejo de administración lo nombra la diputación foral.
Las cajas que superen la horquilla tendrán que haber reorganizado previsiblemente su representación antes de mayo, dado que disponen de seis meses para realizar los cambios a partir de la entrada en vigor de Ley Financiera, esperada para principios de noviembre.
La reducción de los cargos públicos se deberá realizar de forma proporcional entre las distintas Administraciones, sin necesidad de que se modifique antes la normativa autonómica ni se celebren elecciones en las entidades.