La contrarreforma
La reforma del paro fue un paso en la buena dirección ahora desandado. Carlos Sebastián entiende que la contrarreforma ha aumentado los costes del despido y señala la relación entre regulación y productividad
La propuesta de reforma del mercado de trabajo que se plasmó en el controvertido decreto-ley el pasado mes de mayo fue una iniciativa política mal gestionada y suponía una reforma más bien tímida, pero era un paso en la buena dirección. Ahora no sólo se ha desandado ese buen paso, sino que se ha agotado por algún tiempo la posibilidad de racionalizar la regulación del mercado de trabajo.
Vayamos por partes. Respecto a la forma deficiente en la que fue gestionado el proyecto por el Gobierno, poco cabe añadir. Quizá que la oposición parlamentaria tampoco estuvo a la altura. Uno no puede dejar de pensar lo que le hubiera gustado a un ministro socialista del pasado que otro partido le hiciera una reforma de ese tipo. Respecto a la timidez de su contenido. Era tímida no sólo en comparación con las propuestas que se hacen desde el mundo académico, por personas políticamente moderadas (como el profesor Nickell) y basándose en multitud de resultados empíricos. Lo era también en relación con las reformas emprendidas en otros países que han tenido consecuencias altamente positivas.
En Holanda el sistema de penalizaciones a los beneficiarios del subsidio que no tienen un comportamiento positivo como buscadores de empleo es mucho más duro del que se establecía en el decreto-ley. Y en aquel país la reforma se introdujo con escasa oposición. Quizá eso tiene que ver con el hecho de que en aquel país los fondos públicos destinados a la formación profesional sirven sólo para financiar cursos y el nivel de fraude fiscal y de fraude en la percepción de subvenciones de cualquier tipo es sustancialmente más bajo. Y puede decirse que en Holanda el grado de protección del parado no ha disminuido y la tasa de paro se ha reducido a niveles mínimos.
La eliminación de los salarios de tramitación no suponía una mejora del sistema de protección al parado, pero sí una reducción (pequeña) de los costes de despido, que siguen siendo en España los mayores (con Italia y, en algún sentido, Portugal) de la UE. La contrarreforma va a suponer que los despidos considerados improcedentes, que, increíblemente, son hasta ahora casi el 90%, van a pasar a ser el 100%, pues los empresarios preferirán depositar la indemnización por despido improcedente inmediatamente, y evitarse los salarios de tramitación, que jugar a un juego que sólo tienen un 10% de probabilidad de ganar y pagar todos los salarios de tramitación. Es decir, de hecho, la contrarreforma ha aumentado los costes de despido.
La posibilidad de que en un futuro próximo un Gobierno, cualquiera, plantee una reforma de este tipo y un cambio en el sistema de negociación colectiva (que tendría que imponerse, pues las cúpulas de sindicatos y patronales nunca acordarán la reforma que se necesita) es ahora muy remota. Podría decirse que eso no es tan grave. Que al fin y al cabo se sigue creando empleo y que estamos convergiendo en renta per cápita con la UE. Pero estamos divergiendo en productividad. Con lo que si no se corrige esta divergencia, dejaremos de convergir en renta per cápita. Y el pobre comportamiento de la productividad tiene que ver con la mala regulación en los mercados de bienes y servicios y en los mercados de factores (trabajo y suelo).