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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Otro varapalo a Bruselas

El Tribunal de la Unión Europea dio ayer un nuevo varapalo a los responsables de la política de competencia comunitaria. El órgano judicial dictó una doble sentencia que anula el veto impuesto por Bruselas a la fusión de los grupos franceses de material eléctrico Schneider y Legrand. Esta es la segunda ocasión en la que el Tribunal de la UE echa atrás el veto a una gran concentración empresarial. El precedente fue la fusión de los operadores turísticos británicos Airtours y First Choice. Además, en la agenda del tribunal está el fallo sobre el veto a la unión entre Tetra Laval y Sidel, que previsiblemente se conocerá el próximo viernes, así como la de General Electric y Honeywell.

La justificación de la sentencia es, además, especialmente dura contra la decisión del actual comisario de la Competencia, Mario Monti. En uno de los puntos dice que 'el análisis económico realizado por la Comisión adolece de errores y omisiones que lo privan de valor probatorio'. Un misil contra la línea de flotación de la política defendida por el equipo de Mario Monti, que había tratado de sortear la anterior prohibición del tribunal alegando que fue estudiada por su predecesor en el cargo, Karel van Miert, aunque rubricada por él.

Es la primera vez que la decisión del tribunal se produce por la denominada vía rápida, un mecanismo que trata de conseguir que las autoridades judiciales se definan cuanto antes sobre los contenciosos abiertos contra una decisión de Bruselas. En esta ocasión, el fallo se ha adoptado en poco más de un año, frente a los casi tres del caso Airtours-First Choice. Schneider tiene la posibilidad de rehacer la operación, dado que el 98,1% de Legrand que había adquirido fue vendido a dos fondos de inversión, con un derecho de recompra en caso de que el tribunal fallase contra el veto de Bruselas.

La clamorosa rectificación al equipo que dirige Monti se produce, además, en un momento en el que la Comisión Europea está tratando de modificar de arriba abajo su política en materia de defensa de la competencia. Uno de los aspectos claves de esa reforma es tratar de introducir un análisis económico más detallado de las operaciones que han de ser valoradas por Bruselas. Hasta el momento, y de ahí deriva gran parte de las críticas tanto de las empresas como del propio tribunal, prevalecen más los aspectos estrictamente legales y jurídicos. A ello cabe unir que cada día son más fuertes las presiones sobre Bruselas para que relaje las estrictas exigencias que mantiene sobre las grandes operaciones entre compañías europeas. Ello, defienden los críticos, resta potencial a las empresas de la zona en favor de las de Estados Unidos, cuya Administración es mucho más permisiva con estas operaciones.

A la vista de tal panorama, lo deseable es que la Comisión Europea adopte unas normas claras y precisas sobre fusiones de empresas que, además de respetar la competencia y despejar inseguridades jurídicas, posibiliten que los grupos europeos tengan más que decir en el concierto económico internacional.

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