El desvanecimiento de la Unión Europea
El anuncio de la Comisión Europea acerca de la ampliación de la UE a 25 miembros en dos años puede suponer el primer paso para transformar el proyecto de la Unión, todavía poco tejido y madurado, en algo muy distinto, más parecido a una sociedad de naciones de Europa que a la unión de Estados de la que se venía hablando. Puede que para algunos europeístas sea el mal menor entre la incapacidad para avanzar en la verdadera unidad y la necesidad de aumentar la actual zona de librecambio con la incorporación del Este de Europa. Aun así, la operación requerirá grandes esfuerzos económico-financieros en un momento difícil de las economías europeas. Una muestra más del autismo de la tecnoestructura europea -burocracia de Bruselas y políticos profesionales del europeísmo- que consigue tareas para los próximos 10 años.
Nadie que conozca la historia de la UE y el funcionamiento de la maquinaria burocrática de Bruselas puede esperar el cumplimiento de plazos breves en asuntos de trascendencia especial, como es el caso de la ampliación.
Pero si ésta plantea problemas de carácter institucional además de tensiones económicas y presupuestarias es lógico suponer que, tras el anuncio, se imponga la reflexión acerca de un proyecto que, de llevarse a efecto, puede romper los frágiles equilibrios existentes dentro de la Unión actual.
La Unión ha vivido años de gran agitación que han supuesto, por una parte, la puesta en marcha del euro que, con sus luces y sombras, ha pretendido ser una apuesta capital en pro de la unidad, y, por otra parte, ha quedado de manifiesto que las actuales instituciones europeas resultan inadecuadas para acompañar eficazmente el proyecto de unificación que subyace bajo la unión monetaria.
Cuando la Unión se encuentra en un trance económico difícil tanto en materia de crecimiento como de empleo, incluso con la amenaza de algunas crisis bancarias en países de su seno, parece lógico pensar que todos los esfuerzos deberían dirigirse a la superación de esos problemas, huyendo de aventuras y huidas hacia delante a costa del esfuerzo fiscal de los ciudadanos europeos, ya bastante castigados los últimos años. Porque conviene hacer hincapié en que la ampliación abierta a países con un nivel medio de riqueza muy inferior a la media actual de la Unión alterará significativamente los flujos financieros de las ayudas en beneficio de los nuevos socios. Será el caso de España, que es uno de los más beneficiados ahora con una recepción anual de fondos estructurales cercana a los 10.000 millones de euros, y que perderá esa condición en el futuro inmediato.
Desde el punto de vista económico-financiero, todos los integrantes de la Unión perderán con la ampliación, si bien es cierto que para algunos de ellos puede haber expectativas de negocios futuros que atenúen el impacto de la pérdida. Ese podría ser el caso de Alemania, Francia e Italia, estos dos últimos en menor medida; pero las posibilidades de los restantes, entre ellos España, son muy limitadas. Por eso no resulta fácil entender el aparente entusiasmo de nuestros gobernantes con tal perspectiva. El aplauso oficial a la ampliación es un arcano.
En materia político-institucional, la Unión ha puesto en marcha la Convención Europea que debería dar forma al modelo constitucional, cuyos trabajos se encuentran en una fase muy primaria, porque hay escasa fe en el porvenir político del proyecto unificador. Unos abogan por el federalismo, como Alemania; otros, por un sistema confederal que, por naturaleza, es más centrífugo; pero, probablemente, unos y otros parten de la convicción de que las uvas están muy verdes.
Así las cosas, el anuncio de la ampliación hay que analizarlo en términos estrictamente económicos, despojándolo del ropaje de la unión política, para que cada cual evalúe hasta dónde llega su interés. Cada país considerará los pros y los contras, ya que se trata de una materia de interés general. Debemos esperar que en España también ocurra. Después de debatir sobre la ampliación, es posible que se caiga en la cuenta de dónde estamos, si la propia Unión tiene posibilidades reales de avanzar políticamente o si, en aras de un mayor entendimiento del continente, conviene conformarse con el perfeccionamiento de un modelo de librecambio tutelado desde la unión monetaria.