Vía libre a la ampliación

José María Zufiaur subraya que, a pesar de que el 'sí' de Irlanda al Tratado de Niza elimina el último obstáculo a la ampliación de la UE, la llegada de nuevos países acentuará las encrucijadas ya existentes en la construcción europea

La victoria en el referéndum irlandés de los partidarios de la ratificación del Tratado de Niza, que estaba únicamente pendiente de la decisión de los ciudadanos del Eire para su entrada en vigor, después de que tal ratificación fuera rechazada en una primera consulta celebrada en junio del año pasado, ha resuelto el último obstáculo que subsistía para la nueva ampliación de la Unión Europea. Una ampliación que está previsto se produzca el 1 de enero de 2004 -la cumbre danesa de Copenhague del próximo diciembre deberá santificar la entrada de 10 de los 13 solicitantes que cumplen, en algunos casos a duras penas, los criterios democráticos, políticos y económicos establecidos ahora hace 10 años, en otra cumbre europea celebrada también en la capital danesa- y que comprenderá la incorporación de ocho países antes englobados dentro de la órbita de la Unión Soviética -Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Lituania, Letonia, Estonia y Eslovenia-, además de Chipre y Malta. La adhesión de Rumania y Bulgaria ha sido retrasada tres años, y en cuanto a la demanda de Turquía, no se ha adoptado todavía ninguna fecha para la apertura de las negociaciones. Ahora, todo depende de la decisión que adopten los ciudadanos de los países candidatos, en todos los cuales está anunciada la celebración de sendos referendos.

Despejada la incógnita irlandesa, y, en consecuencia, las dudas sobre el calendario de la ampliación, permanecen todas las demás sobre su incidencia en el futuro de la Unión Europea. La primera, ¿cómo digerir la integración de países con un grado de desarrollo económico -el PIB por habitante de Polonia, por ejemplo, es un 60% inferior a la media comunitaria- y social -los trabajadores cubiertos por convenios colectivos no sobrepasan el porcentaje del 30% en ninguno de los países de la futura ampliación-, muy inferior al de la UE, con un presupuesto europeo que está topado en el 1,27% del PIB comunitario? Ayudarles a esos países a lograr una rápida convergencia real con la actual Unión o, simplemente, afrontar algunos efectos de la ampliación probables a corto plazo -como las tendencias a la deslocalización de empresas ubicadas en los actuales países comunitarios hacia los nuevos países miembros -como la planteada recientemente por Seat hacia Eslovaquia- o la afluencia de flujos migratorios masivos, difíciles de absorber de manera inmediata, hacia nuestros mercados de trabajo- exigen un presupuesto federal digno de tal nombre y, como han solicitado, entre otros, los socialistas europeos y la Confederación Europea de Sindicatos, el establecimiento de un sistema de imposición europeo que permita al presupuesto comunitario disponer de recursos propios.

Igualmente clave es la incidencia de la ampliación sobre el modelo social europeo. Ese modelo depende de algunas cuestiones fundamentales: la armonización fiscal -la concurrencia fiscal entre países, e incluso entre regiones, y la progresiva desfiscalización de las rentas del capital es el mayor peligro que se cierne sobre nuestros sistemas de pensiones y de protección social-; la garantía de los servicios de interés general -amenazados, como se ha visto en el Reino Unido, por las privatizaciones y las rebajas de impuestos-; el establecimiento de un sistema europeo de relaciones laborales -dado que una vez eliminados por la unión monetaria los tipos de cambio, toda la presión competitiva pasa a recaer sobre los salarios y los costes sociales-; la cohesión territorial, económica y social -para evitar el aumento de la distancia entre las regiones y los países donde se concentra la actividad económica y la riqueza respecto de los de la periferia económica-; la lucha por el objetivo del pleno empleo -relegado, de hecho, por la política de estabilidad-; el reparto equitativo de las rentas inmateriales -las posibilidades de acceso a la educación y a las nuevas tecnologías es desigual entre países y grupos sociales dentro de la Unión-. No parece probable que con la ampliación la filosofía que prevalece en la UE -lo social vendrá dado de forma natural, en 50 o 100 años- vaya a cambiar para mejor. Más bien al contrario.

Todo ello nos lleva a otra cuestión: ¿puede ser la UE de 25 Estados algo más que un mercado? Pero, al mismo tiempo, ¿puede la UE, que ha sido depositaria de tanta soberanía transferida -la política monetaria, por ejemplo -, ser sólo un mercado? La polémica suscitada por el presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, calificando el Pacto de Estabilidad de 'estúpido, rígido e imperfecto', y reclamando un gobierno económico de la UE (con lo que no ha hecho más que sacar las consecuencias lógicas de las reacciones que los propios países miembros han mantenido, durante estos últimos meses, respecto a dicho pacto) ilustra hasta qué punto es cierto el peligro que el ensayista Todorov predice para las sociedades democráticas: el de la deriva instrumental. Es decir, olvidarnos de los fines, para centrarnos en los medios. En palabras del economista francés Jean-Paul Fitoussi, la preponderancia en el gobierno de la UE de las reglas sobre las opciones. En suma, la Unión tiene que definir esta vez qué quiere ser en el futuro. Para no llegar a ser una pura contradicción.

La ampliación no hace más que acentuar las encrucijadas ya existentes en la construcción europea. O bien tiramos, como hicieron los alemanes con su unificación, hacia una Europa completa u optamos, como parecen defender importantes sectores de los países nórdicos y, por razones muy diferentes, las fuerzas políticas conservadoras, por poca Europa, sólo la necesaria para asegurar ciertas coordinaciones. O, tercera posibilidad, ahondamos -ya lo iniciamos con la unión monetaria- la Europa de varias velocidades.

Esta última es la posibilidad que parece más probable. Si antes los ciudadanos de alguno, o algunos, de los siete países actuales de la Unión Europea que tienen previsto realizar referendos para ratificar la futura reforma de los tratados no ponen en cuestión el camino por el que opte la Conferencia Intergubernamental de 2004.