España y Luxemburgo, los únicos países de la UE sin tasas judiciales
Las tasas judiciales desaparecieron en España en 1986, con el primer gobierno socialista. Ahora, el Ministerio de Justicia estudia volver a implantarlas, pero sólo para grandes empresas y bancos que usan de forma muy habitual los tribunales. En ningún caso las tasas repercutirían en los ciudadanos, según aclaró públicamente el ministro de Justicia, José María Michavila.
Cada Estado miembro de la UE tiene su particular forma de cobrar por el acceso a los tribunales. Hay algunos países que, aunque las cantidades difieren entre sí, sus sistemas de cobro son semejantes. Es el caso de Alemania, Austria, Finlandia y Bélgica (en este país los procesos laborales están exentos del pago de tasas). En todos ellos las tasas van aumentando conforme se pasa de una instancia judicial a otra superior. Alemania y Austria aparecen como los países donde es más caro pleitear, según un estudio (y, al parecer, el único) de la Comisión Europea fechado en 1998.
Pagar según la instancia
En Alemania cuesta litigar entre 1.454 y 4.500 euros en la primera instancia. La segunda apelación puede costar un máximo de 7.500 euros. En el caso de Austria, lo mínimo que se paga es 975 euros, y lo máximo, 5.730 euros. En Finlandia, las cantidades oscilan entre los 60 (primera instancia) y 170 euros (segunda apelación). En Bélgica, entre los 35 (primera instancia) y 325 euros (segunda apelación).
En Suecia se paga una única tasa por acudir a los tribunales, que es de 52 euros por todos los procedimientos, a excepción de los casos penales. En Francia, las tasas judiciales oscilan entre los 27 y los 200 euros.
Italia acoge en su ordenamiento jurídico un sistema parecido al de Dinamarca, y Grecia. Los tres países cobran tasas en razón de la cuantía por la que se litiga. Así, los italianos pagan 2.500 euros en primera instancia por un caso cuya cuantía reclamada sea de 50.000 euros. En apelación serían 4.200 euros, y en segunda apelación, 5.450 euros. Los griegos y daneses pagan menos por las mismas reclamaciones. En Portugal llama la atención que generalmente las tasas judiciales las pagan entre las dos partes litigantes.
En Holanda también se paga según la cuantía del procedimiento pero hay unos máximos. En primera instancia el máximo es de 130 euros. En la primera apelación hasta una cuantía de 11.200 euros se paga un máximo de 200 euros, y si pasa aquella cantidad, hay que aplicar el 1,9% sobre la cuantía del proceso hasta un máximo de 3.130 euros (para particulares el precio es de 750 euros). En segunda apelación el máximo es de 265 euros para procedimientos de 11.200 euros, y pasada esta cantidad se aplica el 2,4%, con un máximo de 3.130 euros, excepto para particulares, que sólo pagarán 750 euros.
En el Reino Unido el sistema de cobro es muy complicado, ya que las tasas se cuantifican en cada proceso, aunque sí hay cantidades establecidas dependiendo de lo que se reclama y la instancia. Oscilan entre 225 y 750 euros y en apelación pueden ascender a 5.500 euros.
Financiar la justicia o disuadir de pleitear
Según algunas fuentes, Justicia trabaja junto a Hacienda en un estudio que revelaría cuánto podría suponer el cobro de tasas judiciales en términos económicos, aunque fuentes del departamento de Justicia, que dirige José María Michavila, desmienten que exista algún estudio sobre este asunto.
En cualquier caso, la puerta a la implantación de las tasas judiciales en nuestro ordenamiento jurídico para las empresas está abierta. Una postura con la que la mayoría de jueces y magistrados (los agrupados en la Asociación Profesional de la Magistratura) se muestra de acuerdo.
No opinan lo mismo la asociación Jueces para la Democracia ni el Partido Socialista, que ven la implantación de las tasas como algo que, aunque sólo se impongan a empresas y bancos, al final repercutirán en los consumidores. El motivo principal que esgrimen es que consideran inconstitucional que unos paguen y otros no.
La implantación de las tasas judiciales aún no se ha planteado en la comisión del Pacto de Estado para la Justicia. Pero unos consideran que el cobro de tasas judiciales tendría un efecto disuasorio. De esta manera, no se abusaría del uso de la justicia y bajaría la litigiosidad.
Otros, como el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, Francisco Hernando, creen que cobrando tasas se ayudaría a financiar las reformas de la justicia. Y hay quien piensa que la recaudación no sería significativa.