Las granjas piden ayudas para mejorar el bienestar de las gallinas
La directiva europea sobre protección de las gallinas ponedoras en las granjas, que España trasladó a su normativa a principios de año, obliga al sector a realizar cuantiosas inversiones y pone en peligro su viabilidad, según la patronal Aseprhu (Asociación Española de Productores de Huevos), que agrupa a la mayoría de las 800 empresas que forman el sector, con una facturación conjunta de unos 1.000 millones anuales.
La norma pretende mejorar las condiciones de las granjas, donde, en más del 90% de los casos, tanto en España como en el resto de la UE las aves están ubicadas en galerías de jaulas, dispuestas en batería, con un espacio medio de 450 centímetros cuadrados por animal. 'El tamaño de un folio, como si estuvieran en un campo de concentración', precisa un portavoz de la Asociación Nacional para el Bienestar de los Animales, Anpba.
Ese espacio vital deberá aumentar a 550 centímetros cuadrados antes de final de año. Pero en 2012 este tipo de jaulas en batería quedarán totalmente prohibidas y deberán reconvertirse en jaulas acondicionadas, con un mínimo de 750 centímetros cuadrados por gallina.
Para las nuevas explotaciones no habrá periodo transitorio. Deberán instalar jaulas acondicionadas directamente o bien criar las gallinas al aire libre, una fórmula que pretende potenciar la norma. Según Aseprhu, la adaptación del sector a la nueva normativa 'obligará a una reconversión total de las empresas', afirma la gerente, Mar Fernández. Pero, además, 'supondrá una desventaja competitiva frente a terceros países'.
La UE cuenta con unos 300 millones de gallinas ponedoras. Los productores calculan que las inversiones para adaptar sus granjas ascenderán a 7.000 millones de euros, a lo que habrá que sumar otros 1.720 millones cada año por el aumento de los costes de producción. España, con cerca de 40 millones de gallinas de puesta, deberá afrontar el 14% de estas cifras, 980 millones de inversión, prácticamente lo que factura el sector en un año, 'lo que repercutirá en el precio de los huevos', asegura.
Por eso las organizaciones de productores de varios países de la UE, entre ellos España y Reino Unido, piden a la Comisión Europea ayudas para mantener la competitividad de sus negocios. Incluso una entidad como el Eurogroup for Animal Welfare (organización europea de defensa de los animales) reconoce que sin una compensación a los productores los huevos de la UE serán sustituidos por otros de terceros países no obligados a estas normas de protección animal.
Por eso los productores españoles temen que la norma provoque la desaparición de muchas compañías si no hay ayudas públicas. 'Otra opción sería que la UE exigiese las mismas condiciones de producción a los huevos provenientes de terceros países, pero eso supondría una barrera comercial difícilmente asumible por la OMC', explica Fernández.