Democracia en la Red
Internet es una poderosa herramienta de cambio e innovación y una de las tecnológicas con más impacto en la historia de la humanidad. Una de sus aportaciones será la creación de un nuevo escenario de relaciones políticas, gracias al voto electrónico, pero a día de hoy la Red presenta un balance muy pobre como desintermediador político o como instrumento para simplificar los procesos electorales.
Votar en la Red es algo excepcional y la interactividad de Internet no nos permite todavía conocer la voluntad popular, por la vía de la votación y el referéndum online. Además, los políticos no tienen mucho interés en ajustar los mecanismos e instituciones de la democracia representativa hacia los de la democracia directa, pues saben que una de las consecuencias de ese proceso será la devaluación de su papel como intermediarios o representantes de los ciudadanos.
Internet, por ello, pudiera estar presente en la democracia empresarial antes que en la democracia política.
En el cajón de sastre de la próxima Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 2003 se contempla la posibilidad de que los socios de las empresas puedan votar por Internet en la junta de accionistas, una asamblea que en la democracia empresarial viene a ser algo así como un Congreso en la democracia política.
Esta medida se incluiría en un paquete de decisiones destinadas a proteger a los pequeños accionistas de los abusos de los consejos de administración, y tiene como objetivo último lograr que los inversores vuelvan a confiar en la Bolsa.
Votar formalmente en una junta de accionistas es hoy un hecho excepcional. La presidencia de los consejos de administración de las grandes empresas es un poder autocrático, que se presenta a las asambleas con la garantía de la mayoría de los votos representados.
Cuenta con el apoyo de los votos de los consejeros y, sobre todo, con las delegaciones de voto que han recogido bancos y cajas de los pequeños accionistas y con la neutralidad de los inversores institucionales. A los accionistas asistentes les queda poco más que el derecho al pataleo en el turno de ruegos y preguntas.
En la práctica, la junta de accionistas es un instrumento inútil desde el punto se vista democrático, no desde el jurídico. Concebida hace dos siglos como el máximo órgano representativo y de decisión, el paso del tiempo ha deteriorado esa función, sobre todo en las grandes empresas que cotizan en Bolsa y que cuentan con cientos de miles de accionistas distribuidos por todos los rincones del mundo. La organización de esa asamblea les supone a las empresas un gran esfuerzo y un gasto multimillonario, y al final, en el mejor de los casos, no acuden a esa convocatoria más de mil accionistas. Un desatino.
Permitir el voto por Internet sería una rendija para que empezara a soplar el viento de la democracia en las juntas de accionistas, aunque para que ese viento pudiera llegar a constipar a un consejo de administración queda todavía mucho camino que recorrer.
Para empezar, Internet no es todavía un servicio universal y sólo es utilizado por el 20% de la población española. Además, para votar se necesita que se acredite sin ningún tipo de duda la personalidad del votante.
En la democracia online, empresarial o política, el votante tendría que acreditarse con una firma digital, que es un archivo que se adjunta al correo electrónico y que permite al receptor tener la seguridad de que el contenido del voto no ha sido alterado por el camino y que el remitente es quien dice serlo. En España hay desde el año 1999 un decreto-ley sobre firma digital, pero ésta es obsoleta y de muy escaso arraigo.
Para no colocar el carro por delante de los bueyes, urge una nueva normativa que haga de la firma digital un instrumento sencillo de obtener y eficaz en su manejo. Esa ley debe incluir elementos que sirvan de respaldo de la identidad, como el DNI digital para las personas y el NIF digital para las empresas, y no debería demorarse más si de verdad queremos avanzar en la sociedad de la información y en la nueva democracia.