El cambio de la PAC en la industria alimentaria
La política agraria común (PAC) se encuentra de nuevo inmersa en un proceso de cambio. La reciente comunicación de la Comisión sobre la revisión a medio plazo (en 2003) de la PAC plantea elementos nuevos que van a tener una apreciable incidencia en la industria agroalimentaria, y seguramente muy notable en algunas ramas concretas. Esto es así porque estas industrias no sólo participan intensamente en la aplicación de las políticas, sino que perciben directamente una parte significativa de sus beneficios.
Conviene recordar que la industria agroalimentaria tiene un reducido peso económico en España, en términos de participación en el PIB, equivalente al de la propia agricultura (en torno al 3% en 2000, según los resultados del nuevo Sistema de Cuentas de la UE), si bien en empleo destaca en importancia por número de activos en todo el sector industrial (el 14,3% del empleo industrial en 2001). Es conocida la atomización de su estructura productiva (más del 80% de los establecimientos tienen de media menos de 10 empleados), y la dispersión de establecimientos por todas las regiones, aunque existe una considerable concentración de las ventas en pocas ramas productivas (cárnicas, lácteas, pan-pastelería y galletas y vinos suponen cerca del 50% de las ventas) y en pocas comunidades autónomas (Cataluña, Andalucía y Castilla y León, con casi el 50%).
Con esta caracterización, la reforma de la PAC tendrá en nuestro caso efectos menos favorables que los que se citan en la propuesta inicial de la Comisión, esto es, 'reducción del coste de las materias primas agrarias en numerosos sectores' y 'mejora de la confianza de los consumidores por la elevación del nivel de calidad y seguridad a lo largo de toda la cadena alimentaria'.
Pues lo cierto es que las dos reformas anteriores de la PAC (de 1992 y de 1999) parece que alentaron un intenso proceso de reconversión, de creación y, sobre todo, desaparición de industrias agroalimentarias (el número de establecimientos se redujo un 12,5% sólo entre 1996 y 2001, afectando principalmente a la Comunidad Valenciana, Cataluña y Extremadura, que perdieron el 35%, 26% y 20% de sus empresas, respectivamente).
Así, si contemplamos la evolución de los precios de los productos agrarios pagados por las industrias (y percibidos por los agricultores), se observa que subieron débilmente (apenas un aumento acumulado del 21,7% de 1992 a 2000), al tiempo que se iban reduciendo (en cereales, vacuno y leche, por ejemplo) o suprimiendo (en aceite de oliva, por ejemplo) los precios institucionales existentes ('precios de intervención'). La reducción final de estos precios de intervención será ya limitada y, en consecuencia, aquellas industrias transformadoras que se abastecen de este tipo de productos no verán mermados significativamente sus costes por este concepto en la compra de las materias primas agrarias.
Más incierta resulta aún la evolución de la demanda de productos alimentarios derivada de una posible mejora de la confianza de los consumidores. Cabe señalar que el consumo alimentario en nuestros país se encuentra prácticamente estancado (en volumen), aumentando el gasto más bien por sustitución de unos productos por otros más elaborados.
Es en el comercio exterior, por tanto, donde se encuentran las posibilidades de expansión de la demanda, que en nuestro caso depende excesivamente de la Unión Europea -en torno al 70% de las exportaciones- y de nuestra limitada capacidad exportadora (la tasa de cobertura de los productos alimentarios transformados evolucionó en la última década de porcentajes negativos a leves superávit en los últimos años).
Sin embargo, donde sí pueden hacerse notar los cambios de la política agraria será en la caída inducida de otros capítulos de gasto que benefician directamente a las industrias, como las 'restituciones' a la exportación y las 'transferencias' en forma de ayudas a la transformación.
Las restituciones, pagadas a las industrias para que vendan en los mercados exteriores las producciones excedentarias de todo tipo de productos vegetales, animales y pesqueros, han constituido una parte importante del presupuesto de gasto del FeogaGarantía en la UE -entre el 15% y el 25% del total, según los años- y, al mismo tiempo, una fuente importante de ingresos para numerosas industrias de grandes países productores, como Francia, o principalmente comercializadores, como Holanda.
En el caso español las transferencias comunitarias del Feoga-Garantía tuvieron también por beneficiarias a las industrias en un proporción significativa (más del 16% de las transferencias totales en 2000).
En conclusión, la sombra de la política agraria común ha alcanzado con sus ayudas a una parte considerable de la industria agroalimentaria, por lo que su puesta en cuestión plantea serios interrogantes sobre la viabilidad futura de numerosas firmas y sobre la consolidación del tejido industrial de diversas regiones. Y bien, ¿dónde está en nuestro caso la política industrial agroalimentaria para hacer frente a esta nueva situación?
Jesús G. Regidor es profesor de Economía y Política Agroalimentaria de la Universidad Autónoma de Madrid