La intrepidez de un ministro
Los intrépidos se enfrentan sin temor a los peligros, pero obran sin reflexión ni conocimiento, por lo que se convierten en peligrosos ellos mismos.
En apenas tres meses que lleva en el cargo, el ministro de Trabajo ha cosechado una gran notoriedad, no por lo que hace sino por sus broncas declaraciones y sus intrépidas propuestas.
Lo mismo se arranca frente al proyecto de ley integral contra la violencia doméstica presentado por el PSOE, que arremete contra el secretario general socialista, Rodríguez Zapatero, por haber reclamado más ayudas para los ayuntamientos canarios que han de atender la avalancha de inmigrantes, tildándolo de xenófobo en una pirueta dialéctica insostenible.
Igual propone el ministro la gestión mixta, pública y privada, de los servicios públicos que propone abrir el debate sobre el coste del despido o retomar la reforma legislativa de los convenios colectivos desestimada el año pasado, tanto por las patronales como por los sindicatos.
Cree el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales que en España el abaratamiento del despido es un tabú y no se aborda por miedo, mientras ensalza la valentía de otros Gobiernos europeos, como el italiano, que lo acaban de acometer.
Tras las reacciones en su contra, ha precisado que se limitó a responder la pregunta de un participante en el Fórum Europa, pero sostiene el ministro la necesidad de abrir una reflexión sobre la flexibilidad laboral sin que ello suponga que su Gobierno del que forma parte tenga la intención de regular nuevamente el despido.
No obstante, debería haber respondido el ministro con más conocimiento de causa, ya que la indemnización por despido nunca ha sido tabú sino un tema recurrente en el debate social desde el inicio de la transición democrática y, más aún, ha sido reformado a la baja varias veces desde entonces.
No es el debate lo que atemoriza sino los palos de ciego que se han descerrajado sobre los derechos económicos potenciales de los trabajadores, sin que por ello hayan mejorado ni el empleo ni el funcionamiento de nuestro mercado laboral.
Ya en el año 1976 se redujeron las indemnizaciones por despido improcedente de 60 días por año trabajado a 45 días por año trabajado, con un máximo de 42 mensualidades.
También entonces fue modificado el incidente de no readmisión, pasando del trabajador al empresario la opción entre readmisión en el puesto de trabajo o despido indemnizado, que venía a ser el equivalente al artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores de Italia, que 25 años después acaba de modificar el Gobierno de Silvio Berlusconi para los nuevos empleados en empresas de determinado tamaño, una decisión que, como se sabe, provocó una gran huelga general el pasado día 16 de abril en aquel país.
Aquí, en España, se siguió abaratando el despido en el Estatuto de los Trabajadores de 1980 a través de los llamados despidos objetivos, que conllevan una indemnización de tan sólo 20 días por año trabajado; en 1985, con la reforma parcial del citado estatuto, mediante la desregulación de la contratación laboral, dando cabida a 16 modalidades de contrato temporal que no incorporaban indemnización alguna, de tal forma que todavía hoy más del 60% de las rescisiones de contrato anuales le cuestan cero euros al empresario.
Lo que a su vez determinó que, a mediados de los noventa, el coste real del despido fuese en España inferior a la media europea (32,3 días por año trabajado) y obviamente muy por debajo del coste máximo legalmente establecido para los despidos sin causa justa.
Y pese a todas estas reducciones directas e indirectas de los costes indemnizatorios, el paro rozaba el 8% en 1977 y rebasó el 23% a principios de la década de los ochenta.
Menos justificada aún está la laguna del ministro cuando unas semanas antes de incorporarse al remodelado Gobierno Aznar se había procedido a una nueva rebaja eliminando los salarios de tramitación con el decretazo del 25 de mayo.
Como titular ya de la cartera de Trabajo no debería ignorar que esta última medida ha reducido muy considerablemente las indemnizaciones recibidas por las 85.829 personas que desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado del decretazo y finales de julio han tenido que acogerse a la protección por desempleo tras haber sido despedidas improcedentemente.
De las que además de quedarse sin empleo, sin salarios de tramitación y sin seguro de paro porque aún no habían completado los 12 meses de cotización necesarios para recibir el desempleo, no se ofrecen datos desde el Ministerio de Trabajo.
Tampoco se ha dejado de discutir de flexibilidad laboral en España desde principios de la década de los ochenta.
Lamentablemente, la mayoría de las veces planteada en negativo y traducida a la práctica exclusivamente como precarización del empleo.
Y para una vez que se le dio al asunto un enfoque más positivo, asociando flexibilidad a la adaptabilidad a los cambios de los dos factores productivos, capital y trabajo, en los Acuerdos para la Estabilidad en el Empleo de 1997, vino a desbaratarlo el Gobierno con su contrarreforma unilateral del año 2001.
Si quiere ser audaz el ministro de Trabajo, cuestionando lo conocido, en lugar de descubrir pedregales ya transitados, tiene otros debates más alentadores en los que abundar.
Por ejemplo, sobre la vieja y arraigada cultura de la competitividad vía precios y salarios, cuando es conocido, y sufrido por todos, que con ella no ganamos sino que perdemos competencia, pese a seguir teniendo unos de los costes laborales unitarios más bajos de toda la Unión Europea y más desregulación laboral, habida cuenta de nuestra muy superior tasa de temporalidad. Y derivada de ésta el mayor índice de siniestralidad laboral.
No le faltan campos al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en los que demostrar su buen hacer, empezando por recomponer el diálogo social, antes de atiborrar un horno que no está para más bollos desde el pasado 20 de junio.