Parches en la Ley de Opas
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presentó ayer una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a introducir, con el rango que resulte preciso, modificaciones a la Ley de Opas. La iniciativa fue secundada por el Grupo Parlamentario catalán de CiU, que presentó igualmente una proposición no de ley en la misma línea. El objetivo de ambas propuestas es defender los intereses de los pequeños inversores y el detonante fueron tres operaciones en las que la venta del paquete mayoritario de las acciones no trajo aparejada una opa, ya que no se rebasaba el límite legal del 25%, aunque los vendedores obtuvieron un jugoso precio superior al de cotización gracias a la prima de control.
El loable empeño se ve ensombrecido, sin embargo, por una doble razón. El Gobierno predica ahora lo que no practicó en la privatización de muchas de sus empresas y, además, lo hace esbozando unas propuestas de reforma de la ley que aventuran graves problemas de aplicación por su falta de concreción. Cuando la SEPI privatizó, por ejemplo, la papelera Ence, vendió un 24,9% de las acciones a un precio superior al de la colocación del resto del capital en la Bolsa. Otro tanto cabría decir sobre los nombramiento de consejeros en empresas privatizadas, en las que el PP colocó tanto presidentes como teóricos consejeros independientes.
Parece más que razonable que, ante la falta de acuerdo en la armonización europea de la materia y la obsolescencia de la norma española pensada para regular un mercado que no se parece en nada al actual, el Gobierno quiera introducir modificaciones. Sin embargo, no parece que el mejor camino sea el de enmarañar aún más el ya de por sí complejo mundo legal de las compras y las ventas de empresas en aras de una teórica defensa de los intereses del pequeño inversor.
La inseguridad jurídica que introducen algunas del las propuestas del PP sobre las operaciones de compraventa de empresas, la indefinición en la que permanece la figura -clave en la reforma propuesta- del consejero independiente o el papel designado al regulador abonan el terreno para que surjan nuevas filigranas jurídicas encaminadas a facilitar la elusión de lo que se pretende evitar con los cambios. Este riesgo palmario ensombrece aspectos tan positivos de la propuesta como modificar el mecanismo de las ofertas competidoras para que se beneficie el accionista o permitir el voto en las juntas por correo electrónico.