Hacienda insiste en que el objetivo de equilibrio de este año está garantizado
Una vez transcurridos dos tercios del presente ejercicio, el Gobierno sigue apostando por que este año se logre de nuevo el equilibrio fiscal en el conjunto de las Administraciones públicas (Estado, Seguridad Social y Administraciones territoriales), a pesar de la desaceleración económica.
La secretaria de Estado de Presupuestos, Elvira Rodríguez, hizo público ayer la ejecución presupuestaria del Estado hasta agosto, en el que se ha obtenido un superávit, en términos de contabilidad nacional (mide ingresos y gastos por el criterio de devengo) de 2.052 millones de euros, equivalente al 0,3% del PIB.
La cifra contrasta con el déficit de 3.721 millones de euros del mismo periodo de 2001, pero es necesario matizarla. Los datos hasta agosto no son comparables con los de hace un año, ya que están muy condicionados por el efecto del nuevo modelo de financiación autonómica, aplicado a partir de enero, y que drena ingresos y gastos del Estado, en beneficio de los Gobiernos regionales. Con todo, Elvira Rodríguez destacó la positiva evolución de los ingresos no financieros tributarios, que crecen u 8%, a pesar del menor vigor económico. La recaudación por IRPF crece un 5,7% y la del impuesto por sociedades, un 21,4%, influida por la afloración de plusvalías de años anteriores, que ha permitido unos ingresos extras de 1.700 millones de euros.
El IVA crece un 8,5%, fortalecido por las operaciones interiores, ya que los ingresos por IVA ligado a importaciones descienden un 1,7%. En el capítulo de pagos destaca un incremento de los gastos corrientes (4,2%) y de las inversiones reales (5,1%), cuya ejecución recupera parte del retraso acumulado a lo largo del año. De cara a los próximos meses, Rodríguez reconoció varias incertidumbres que pueden desviar al alza el gasto sobre lo presupuestado, como la evolución del precio del petróleo.
Hoy, el Gobierno aprobará los Presupuestos Generales del Estado para 2003, que contemplan un aumento del gasto cercano al 4%. Se trata de las primeras cuentas públicas en las que se aplica la Ley de Estabilidad, por la que se obliga a todas las Administraciones a permanecer en equilibrio. La rebaja del IRPF, prevista para enero, tendrá un impacto cercano a 3.000 millones de euros. Las prioridades son las infraestructuras, el gasto social y la seguridad ciudadana.