La Corte Suprema aplaza el fallo sobre la legalidad de la 'pesificación'
Apoco de iniciar su mandato y bajo una poderosa presión popular para lograr la renuncia de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, proclives al poder político de turno, el presidente Eduardo Duhalde impulsó el juicio político en el Congreso.
Seis meses más tarde, los legisladores del Partido Justicialista en el Gobierno atienden la demanda de Duhalde de frenar el proceso. ¿Las razones? Las sucesivas sentencias del organismo contra las medidas económicas adoptadas por el actual presidente o heredadas del anterior pero sostenidas por Duhalde.
Hace dos semanas, el máximo tribunal del país asestó un rudo golpe al Gobierno al declarar inconstitucional una ley del año pasado que impuso una reducción del 13% en los salarios de los funcionarios y de los pensionistas. Ayer, la Corte decidió retrasar un fallo contra la pesificación de los depósitos en dólares, en el marco del corralito, respondiendo a una demanda individual, pero que sentaría precedente para cualquier otro ahorrador. De esa manera, todo el marco financiero vigente desde enero pasado, tras la devaluación y la pesificación, se derrumbaría y pondría en jaque al sistema financiero y las negociaciones con el FMI.
La Corte Suprema lo sabe. Por eso espera que Duhalde logre frenar el juicio en el Congreso. Pero, hasta ayer, los peronistas no podían reunir el mínimo de 129 diputados necesarios para celebrar la sesión y votar el final del proceso de juicio. Los opositores de la Unión Cívica Radical (UCR), junto a la izquierda y el centro-izquierda, que impulsan el juicio político a los nueve miembros del tribunal por mal desempeño en sus funciones, decidieron no concurrir al recinto parlamentario. Mientras Duhalde defendía públicamente la pesificación como una medida que 'hizo justicia' y que benefició al 'campo argentino', los legisladores oficialistas más sus aliados de derecha no podían reunir más de 115 diputados. Sin embargo, el jefe del grupo parlamentario del peronismo, Jorge Matzkin, adelantaba que 'el martes próximo, a más tardar' se logrará el número necesario de diputados y se 'terminará' con cualquier posibilidad de juicio a la Corte.
Resulta evidente que el Gobierno teme los nocivos efectos de las decisiones judiciales. Y la Corte espera que se acabe con el intento de juicio para poner fin a sus fallos contrarios al poder político. La pregunta es, en todo caso, cómo hará el Gobierno para frenar las demandas populares contra el máximo tribunal que, en caso de no haber juicio político, se multiplicarían en todo el país.
Mientras tanto, el Gobierno ha anunciado que una misión oficial viajará la semana próxima a Washington para avanzar en la redacción de una carta de intención con el FMI. Ayer, el directorio del organismo postergó por un año un vencimiento de 2.780 millones de dólares que Argentina debía pagar la semana próxima, evitando así que el país caiga en suspensión de pagos, según informó el ministro de Economía, Roberto Lavagna.