El término 'bio' en la alimentación, algo más que marketing
La poderosa industria de la alimentación convencional española y europea ha obligado al Gobierno español a plegarse a sus intereses, sin tener en cuenta para nada al consumidor, que es a quien verdaderamente tenemos que proteger entre todos.
Desde hace varios años, el término bio se viene utilizando indiscriminadamente en función de unos intereses comerciales y de marketing.
Con la excusa de que cualquier producto bio resulta beneficioso para el consumidor, a éste se le está dejando totalmente desarmado y mal informado, puesto que el bio que nos venden solamente responde a los intereses de las empresas de buscar nuevos nichos de mercado y, consiguientemente, aumentar sus cifras de negocio.
Pero, por suerte para los consumidores, la Comisión Europea no piensa lo mismo. Recientemente, Bruselas ha instado a nuestro Gobierno a modificar el reglamento 506/2001 por el que se liberaliza el uso de la palabra bio y adaptarlo al de la Unión Europea, el 2092/91.
El reglamento de la Comisión Europea es muy claro en este sentido: el uso de los términos bio, eco, organic y similares solamente puede aplicarse a artículos que se han producido íntegramente de forma ecológica. O lo que es lo mismo, sin usar aditivos, colorantes, pesticidas, respetando los ciclos naturales de la tierra y preservando el medio ambiente.
Y es a partir de aquí donde empiezan los problemas. El Gobierno español tiene ante sí una difícil papeleta que viene motivada por su obstinación: o cambia el real decreto y hace caso omiso a las presiones de la industria de la alimentación o se enfrenta a una más que probable dura sanción económica de la Comisión Europea, amén de que también le obligará a modificar el real decreto.
Hasta el momento, el Gobierno español ha esgrimido ante la opinión pública que su decisión está basada en el interés del consumidor, puesto que, según él, limitar el uso del término bio a productos exclusivamente ecológicos puede crear confusión en el consumidor.
Sinceramente, esto sólo se entiende si partimos de la base de que el consumidor español no se preocupa por su alimentación y sí por estrategias de marketing, que únicamente buscan el beneficio de la empresa.
¿De verdad puede haber alguien que piense que al consumidor no le gusta estar informado, que no quiere saber de qué forma se han producido los alimentos que consume? ¿Tampoco está interesado el consumidor en la seguridad y garantía de los alimentos?
No podemos olvidarnos que los productos biológicos pasan por las más estrictas normas de seguridad y garantía que exige la Unión Europea, superiores incluso a las de la alimentación convencional.
Se trata, pues, de que las autoridades dicten normas y aprueben reglamentos que mejoren y amplíen la información que recibe el consumidor, no se trata de que le confundan y le creen falsas expectativas.
Y esto la Comisión Europea lo tiene muy claro. Por consiguiente, lo que queda ahora es esperar que el Gobierno español actúe correctamente en beneficio del consumidor y que adapte por tanto el Real Decreto 506/2001 a la normativa comunitaria, reflejada claramente en el Reglamento (CE) 2092/91.