Oxígeno para el nuevo móvil
Bruselas ha decidido terciar en la profunda crisis que atraviesan las principales empresas de telecomunicaciones europeas como consecuencia de la ingentes inversiones realizadas en el móvil de tercera generación. Ayer, lanzó el primer mensaje tendente a aliviar la sangría financiera que están sufriendo las compañías, al sugerir que está dispuesta a aprobar el pacto suscrito entre T-Mobile y Mmo2 para compartir los costes de despliegue y construcción de las redes de UMTS, tanto en Alemania como en el Reino Unido, dos de los mayores mercados europeos.
Este paso de las autoridades comunitarias supone un giro de 180 grados en las tesis que venían manteniendo hasta el momento. Hace poco más de un par de meses, un informe oficial de la Comisión Europea sobre el sector de las telecomunicaciones descartaba tajantemente cualquier medida que suavizase las condiciones bajo las que se concedieron las licencias del nuevo móvil en toda Europa, una de la cuales era, precisamente, que cada empresa o consorcio ganador debía tender su propia red.
No obstante, la realidad ha vuelto a ser más tozuda que las previsiones económicas o políticas. Los más de 100.000 millones de euros gastados por las empresas en las licencias de UMTS, los problemas de financiación, el retraso en la puesta en marcha real de la nueva tecnología y el descalabro bursátil han obligado a las operadoras a adoptar medidas drásticas. La mayor parte de ellas, con Telefónica a la cabeza, ha decidido congelar, dar marcha atrás o deshacer posiciones en lo que hace tan sólo un par de años parecía ser el gran negocio del futuro. Todas, además, han realizado provisiones por esas inversiones, que han teñido de rojo sus cuentas de resultados y alguna, incluso, ha optado por defenestrar a sus máximos ejecutivos.
Ahora, con todas las luces de alarma encendidas, es cuando parece llegar el apoyo oficial. Y no sólo desde Bruselas. Algunos Gobiernos nacionales -que fueron precisamente los primeros en explotar la gallina de los de los huevos de oro del nuevo móvil hasta casi asfixiarla- también han dado señales de que están dispuestos a aflojar la presión sobre la inversión de las empresas.
En cualquier caso, parece absolutamente necesario que las buenas intenciones se conviertan en hechos y que tanto Bruselas como los Ejecutivos nacionales transformen esos principios en normas o resoluciones más concretas. El futuro de una nueva tecnología y la salud financiera de un buen ramillete de empresas de renombre dependen de ello. Cierto es que una excesiva relajación de las normas puede ir en contra de la competencia, tal y como argumentan los detractores de que las autoridades abran la mano en este espinoso asunto. Pero no es menos cierto que es mucho mejor que dos operadoras compartan la red del nuevo móvil a que ninguna de ellas sea capaz de poner en marcha la suya.