Políticas de empleo en los países de la UE
Las políticas de empleo o también denominadas de mercado de trabajo se pueden dividir en dos grandes grupos las activas y las pasivas. Las políticas activas son las que tienen como objetivo incidir directamente en el mercado de trabajo para aumentar el nivel de empleo o reducir el desempleo. Y las pasivas las que tienen como finalidad responder a situaciones de pérdida de salarios de los desempleados, asegurándoles un cierto nivel de ingresos.
Dentro de las políticas activas de empleo, se distingue, según la reconocida terminología de la OCDE, entre las que tienen como objetivo la colocación e intermediación entre las ofertas y las demandas de trabajo a través de los servicios públicos de empleo, las de formación profesional, tanto ocupacional (dirigida a parados) como continua (dirigida a ocupados), los incentivos económicos a la contratación y la creación directa de empleo por las Administraciones públicas.
Por su parte, las políticas pasivas incluyen a los sistemas de prestaciones por desempleo, así como la jubilación anticipada por motivos relacionados con el mercado de trabajo, como es el caso de los trabajadores que pierden el empleo a elevada edad.
Según los recientes datos de la OCDE en sus perspectivas de empleo de junio de 2002, en el conjunto de la UE el gasto en políticas de empleo alcanza un promedio del 2,5% del PIB, esfuerzo que es muy superior al que realizan otros países desarrollados, como Japón, 0,9%, y, sobre todo, EE UU, 0,45%.
Aun así, dentro de la UE existen diferencias muy importantes. En concreto, los países con mayor gasto en relación con el PIB en políticas de empleo son Dinamarca (4,6%), Bélgica (3,5%) y Países Bajos (3,4%). También Alemania, Finlandia y Francia, con porcentajes iguales o superiores al 3% del PIB, destacan en el esfuerzo relativo realizado en este tipo de políticas. En cambio, Grecia y Reino Unido son los países que menos recursos relativos dedican a estas actuaciones (menos del 1%). Otros países que gastan menos que la media de la UE son Austria, Portugal, Italia y España, que con el 2,1% del PIB se encuentra a 4 décimas por debajo de la media europea.
En general, son los países centroeuropeos y escandinavos los que dedican un mayor porcentaje del PIB a financiar las políticas de mercado de trabajo, mientras que son los del sur de Europa los que destinan un menor porcentaje.
Si se compara el citado porcentaje con las correspondientes tasas de paro de cada país, se puede obtener como indicador del esfuerzo realizado en combatir el desempleo el porcentaje del gasto en políticas de empleo sobre el PIB por cada punto porcentual de la tasa de paro.
Según este indicador, pueden agruparse a los países de la UE en función de cuál sea su posición en relación con la media de la UE en los países que realizan un esfuerzo relativo muy superior a dicha media, Países Bajos y Dinamarca, con un porcentaje del PIB dedicado a políticas de empleo por cada punto de tasa de paro de 1,43 y 1,06, respectivamente; los países que se encuentran en una situación similar a la media europea o ligeramente superior, entre los que se encuentran los restantes países escandinavos y centroeuropeos, así como Portugal, y, por último, los países que se encuentran claramente por debajo de la media europea, como Grecia (0,12), España (0,16) y Reino Unido (0,18).
De lo señalado hasta aquí, no parece deducirse una relación clara entre los recursos dedicados a estas políticas y la importancia de los problemas del mercado de trabajo, en particular la intensidad del desempleo.
De hecho, el distinto peso relativo que en el PIB tiene el gasto en políticas de mercado de trabajo parece explicarse por razones muy distintas a las relacionadas con dicha problemática, como el nivel de vida y la orientación y el grado de desarrollo del Estado de bienestar y de protección social, así como las tradiciones y características institucionales de cada país.
El menor grado de desarrollo, tanto económico como del Estado de bienestar y de protección social, explicaría que Grecia y España realicen un esfuerzo relativo tan bajo en políticas de empleo, mientras que la estrategia económica predominantemente liberalizadora explicaría el escaso esfuerzo realizado en este tipo de acciones en el Reino Unido y Estados Unidos.
Con los datos de la OCDE para el periodo 2000-2001, todos los países gastan más en políticas pasivas, las dedicadas a la protección del desempleo, que en políticas activas, las destinadas directamente a aumentar el empleo o reducir el paro. La mayoría de los países, entre los que se encuentra España, dedican a las políticas pasivas en torno a las dos terceras partes del gasto total en políticas de empleo y alrededor de la tercera parte a las políticas activas (64,6% y 35,4%, respectivamente, en el caso español). Un reparto más equilibrado se produce en Grecia, Países Bajos, Francia y Suecia, en los que, aunque se dedican algo más de recursos a las políticas pasivas que a las activas, los porcentajes destinados a ambos tipos de medidas son similares. Un caso singular es el de Suecia, ya que, con la excepción del año 2001, tradicionalmente ha dedicado más recursos a las políticas activas que a las pasivas.
En general, los países que realizan un gasto mayor en las políticas activas también lo hacen en las pasivas, correspondiendo también, en general, estos países a las que tienen tasas de paro menos elevadas.
Este es el caso de Dinamarca, Países Bajos y Bélgica. En el polo opuesto, en los países con mayor tasas de paro, el caso español es altamente significativo, ya que, a pesar de tener la tasa más alta de la UE, es el tercer país que menos proporción del PIB dedica a las políticas activas y sólo el séptimo país, de los 13 considerados, que mayor proporción del PIB dedica a políticas pasivas.
Este último dato, junto con que prácticamente un 40% de los parados registrados en las oficinas del Inem no perciban prestaciones por desempleo, difícilmente puede llevarnos a concluir que la protección por desempleo en España sea altamente generosa y que se haya convertido en un mecanismo desincentivador de la búsqueda activa por parte de los parados tan importante como para explicar de forma relevante la existencia de una tasa de paro tan elevada como la española.
Hay, por último, que tener en cuenta que no sólo debe evitarse un sistema de prestaciones por desempleo excesivamente generoso que dificulte la reducción del paro, lo que no parece sea el caso español, sino que también deben potenciarse los efectos positivos que se derivan de un sistema equilibrado de protección por desempleo, como evitar la pérdida brusca de ingresos de muchas familias, actuar como mecanismo estabilizador de la demanda de consumo y, por lo tanto, de la producción en las fases de desaceleración de la actividad económica e impedir una pérdida importante de capital humano y de cualificación de los trabajadores, lo que podría ocurrir si se redujera sensiblemente el nivel de protección actual.