La dificultad de contar personas
La tarea de contar personas es tan importante como difícil. Durante los siglos XVIII, XIX y primera mitad del XX los municipios tendían a ocultar sus verdaderas poblaciones. Ya en la Advertencia inicial del Censo, de Floridablanca de 1787, se reconoce que la cifra real de personas debe ser bastante superior a las contadas, 'atendiendo al cuidado con que los pueblos y sus vecinos procuran disminuir el número de sus habitantes, temerosos de que tales numeraciones se dirijan a aumentar las cargas de los servicios personales (sobre todo el alistamiento militar), o de los tributos'.
Observaciones de este estilo se pueden leer en la práctica totalidad de los censos históricos y en el Diccionario Geográfico y Estadístico de 1845, que dirigió Pascual Madoz, quien afirma en el prólogo que tiene pruebas concluyentes de la inutilidad de los datos de población que posee el Gobierno y añade: 'Sería un argumento terrible contra los hombres que hoy ejercen alguna influencia en los destinos de este país, si no se procurara por todos los medios averiguar la verdadera población'
Durante la segunda mitad del pasado siglo, al desvincular del territorio gran parte de los impuestos, que pasan a ir ligados a la persona y a su actividad, y, sobre todo, debido a que la asignación a los ayuntamientos de presupuesto, dotación de servicios y número de representantes políticos se realiza en función de sus cifras de población, comienza o ocurrir el fenómeno contrario y los ayuntamientos tienden a ofrecer cifras de población superiores a las verdaderas, lo que se puso de manifiesto al realizar los últimos censos de población, sobre todo los de 1970 y 1981, que estimaron que los padrones municipales de habitantes estaban sobreestimados en cifras próximas al millón de personas.
El Censo de 2001, cuyos primeros resultados se dieron a conocer el pasado viernes, arrojó la cifra de 40,8 millones de habitantes, ligeramente inferior a los 41,1 millones de ciudadanos empadronados a 1 de enero de dicho año. A pesar de que esta diferencia aumente algo con el padrón referido a 31 de diciembre de 2001, fecha más coincidente con la recogida de datos censales, la gran magnitud de las diferencias parece haber pasado a la historia.
Esto se debe, sobre todo, a los beneficios que comienza a reportar el denominado Padrón Continuo, introducido por la Ley 4/1996, de 10 de enero, que modificó la Ley de Bases de Régimen Local de 1985, acabando con las renovaciones padronales quinquenales e introduciendo una gestión permanente de los padrones municipales mediante procedimientos informáticos que habrían de ser, como así ha ocurrido, la base del actual Censo de Población (artículo 79 del Decreto 2612/1996 que desarrolló la citada Ley) que llevaba preimpresos en sus cuestionarios los correspondientes datos padronales.
Pero el hecho de que la cifra censal haya sido tan coincidente con la suma de padrones municipales no debe hacer pensar que los problemas para contar la población hayan sido superados completamente. Cualquier persona conoce casos de ciudadanos que dicen residir en otro lugar diferente del que residen verdaderamente para conseguir subvenciones o ventajas fiscales, obtener plazas sanitarias, escolares y asistenciales, etcétera. También es razonable suponer que se oculte la nueva residencia de quienes pretenden escapar de la justicia, de la persecución terrorista o del ex cónyuge violento.
A estos casos se suma en la actualidad una población extranjera, mucha de ella en situación irregular, que se ha multiplicado por cuatro en los últimos 10 años y que ofrece una gran movilidad geográfica, incluso con retornos difíciles de detectar.
Pero lo importante, además de seguir procurando reducir al máximo cuantos problemas se vayan presentando para el cómputo de personas, es que dichos problemas se acepten con naturalidad, sin cometer el disparate de culpabilizar a los ayuntamientos o al INE por no reflejar con una exactitud imposible una realidad muy compleja y que, como se ha señalado, tiende a ocultarse en determinadas ocasiones. La reacción unánime ante las primeras cifras del censo ha sido muy positiva y, por fin, parece que hay un convencimiento general de que un censo de población es una operación de Estado, una operación de la que se pueden derivar grandes beneficios sociales.