Comercio

El Congreso impone duros límites al poder comercial de Bush

El Senado firmará previsiblemente esta semana la ley que otorga a Bush autoridad para negociar acuerdos comerciales, pero su poder quedará lejos de los amplios poderes que otorgó, hasta 1994, el antiguo fast track a anteriores presidentes en EE UU.

La ley impide, en teoría, que el Congreso pueda enmendar los acuerdos comerciales firmados con terceros países, sólo puede aprobarlos o rechazarlos. Pero las condiciones impuestas a la ley y el ajustado apoyo recibido por Bush en la Cámara de Representantes suponen, en la práctica, lo contrario.

De acuerdo con el texto pactado por demócratas y republicanos y ya aprobado por la Cámara de Representantes, el Gobierno se compromete a consultar con el Congreso antes de cualquier negociación comercial, especialmente en materia agrícola y textil. Durante las negociaciones, el Gobierno deberá pactar los términos del acuerdo con el grupo de supervisión que designará el Congreso antes de octubre y que estará formado por representantes de ambas Cámaras. Una vez concluidas las negociaciones, el presidente deberá presentar un informe al Congreso sobre los puntos del acuerdo que afectan a las leyes comerciales de EE UU y los congresistas podrán presentar enmiendas al mismo, aunque tendrán un carácter no vinculante.

Apoyo ajustado

En la votación del sábado en la Cámara de Representantes, Bush recibió 215 votos a favor y 212 en contra, y las profundas divisiones en el seno de los dos partidos (25 demócratas votaron a favor y 27 republicanos en contra) suponen que, en la práctica, Bush deberá incluir buena parte de esas enmiendas para garantizarse que las Cámaras no vetan luego el acuerdo firmado. Además, el Congreso puede declarar ilegal un acuerdo si considera que no ha recibido suficiente información.

De esta forma, el ritmo de las negociaciones abiertas en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se entorpecerá considerablemente, a lo que hay que sumar que, según recoge el proyecto legislativo, Bush no está autorizado a modificar los aranceles impuestos a las importaciones agrícolas consideradas sensibles.

El texto hace especial hincapié en la protección de los derechos de los inversores estadounidenses y exige la revisión de las reglas de la OMC. La organización ha condenado, en repetidas ocasiones, el tratamiento fiscal que EE UU da a sus empresas en el exterior por considerar que se trata de subsidios encubiertos a la exportación. El Congreso de EE UU insiste, sin embargo, en que sus inversores están discriminados respecto a terceros y pide a su Gobierno que presione a la comunidad internacional para que la legislación se adapte a sus criterios.

Otra de las novedades incluidas en la ley es la relativa a los tipos de cambio. El Congreso exige al presidente que establezca mecanismos para determinar si los movimientos cambiarios de terceras divisas responden a manipulaciones por parte de sus Gobiernos para obtener ventajas competitivas, en cuyo caso se reserva la capacidad de imponer sanciones.

El Gobierno asegura que esta Ley dará mayor credibilidad a la voluntad negociadora de EE UU en la ronda de la OMC y a la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) para 2005. Sin embargo, Brasil advirtió ayer que las condiciones impuestas a Bush dificultarán la creación del ALCA porque permitirá aumentar las medidas proteccionistas y perjudicar las exportaciones de la región.