Reforma fiscal y tasa de ahorro
El presidente de la Comisión de Expertos para la Reforma Fiscal, profesor Lagares, acaba de sugerir distintas mejoras en el tratamiento fiscal del ahorro a largo plazo. Entre otras, la exención del 70% de los rendimientos obtenidos por los depósitos a partir del quinto año, o del 20% para las aportaciones a los planes de pensiones que se recuperen como renta. Medidas que no se han incluido, todavía, en el proyecto de reforma presentado en las Cortes por el Gobierno y que, según los asesores que la han inspirado, contribuiría a incrementar el volumen de ahorro de la economía, como ha logrado la de 1999 -que también orientaron ellos-.
Efectivamente, entre los objetivos aducidos para aquella reforma figuraban la mejora de la equidad, facilitar la tributación con mayor sencillez para los contribuyentes e impulsar la eficiencia económica medida en efectos inducidos como el crecimiento, la inflación, el empleo y el ahorro. El ministro de Hacienda declaró cumplidos los objetivos en noviembre del pasado año al anunciar el propósito del Gobierno de abundar en la misma política fiscal con la nueva reforma. Pero los datos para avalar tan triunfalista balance no fueron suficientes ni muy rigurosos.
Sobre la equidad se ha discutido mucho, pero vale la pena recordar que, lejos de fortalecerla, la ha debilitado, porque ha concentrado el 20%, al menos, de las rebajas -1.200 millones de euros- en tan sólo 135.000 contribuyentes, que representan el 1%, al tiempo que ha penalizado a los segmentos medios cuyas rentas se sitúan entre los tres y los seis millones de pesetas anuales. La pérdida de recaudación -ni los 200.000 millones previstos inicialmente por Economía, ni los 500.000 estimados después por Hacienda, sino que han sido 806.782 millones, como ha evaluado el Instituto de Estudios Fiscales- ha sido compensada con la imposición sobre el consumo perjudicando a las personas con menores ingresos, vía por la que ha aumentado la presión fiscal en casi dos puntos de PIB en muy corto espacio de tiempo y con los recortes en el gasto público social. La simplificación del impuesto se resumía en la no obligatoriedad de presentar la declaración para un colectivo considerable de trabajadores. Pero ello dio lugar a un nuevo sistema de retenciones para amortiguar pérdidas de recaudación que ha confundido a muchos, creyendo que no hacer declaración equivalía a no pagar impuestos, quedándose sin las devoluciones a que tendrían derecho porque ha terminado perjudicando con retenciones excesivas a millones de asalariados precisamente, además de recargar las funciones administrativas de las empresas sin mejorar la fiabilidad de los resultados finales respecto del sistema anterior.
Pero, si fomentar el ahorro fue una de las consecuencias más auspiciadas por la reforma del IRPF, como se vuelve a propugnar con la que está en ciernes, los datos desmienten que se haya conseguido. Aunque Hacienda haya valorado positivamente los resultados en éste campo, hay que contradecirle por haber utilizado cifras netas para medir la evaluación del ahorro, reduciendo la tasa bruta en las cuantías de las inversiones hechas por las economías familiares, especialmente en la compra de viviendas. Esta ha mantenido la tendencia creciente de años anteriores, pero se ha debido más a la bajada de los tipos de interés y a la deficiente política de vivienda, que no potencia accesos alternativos como el alquiler, que a la reforma del IRPF. Los ratios del ahorro nacional bruto han disminuido desde la entrada en vigor de la reforma fiscal. En 1998 teníamos un ahorro superior a la media de la UE, no se necesitaban, pues, añadir acicates. Teníamos el 22,6% del PIB en tasa de ahorro por el 21,2% medio europeo, e incluso era mayor que la de Alemania, situada en el 21,4%, y la de Francia, el 21,1%. Después ha descendido 0,9 puntos del PIB según Contabilidad Nacional.
El ahorro bruto es el corolario contable de la opción entre ahorrar o consumir que depende de la voluntad de los contribuyentes. Decisión difícil de anticipar con dogmas de política económica, ya que dependen de multitud de factores y aun de circunstancias. Se ha demostrado empíricamente que se ahorra por precaución en las fases de declive económico, mientras que coincidiendo con un período de expansión prevalece el efecto renta -se consume más al disponer de mayor renta- sobre el efecto sustitución -mayor ahorro al penalizarse el consumo-. Simultáneamente se han acrecentado las tensiones inflacionistas y engordado el ya de por sí voluminoso déficit con el exterior. Consecuencias que cuestionan seriamente la pretendida eficiencia económica de la pasada reforma del IRPF y que son rémoras serias para la competitividad, como para pensárselo antes de lastrar aún más el futuro inmediato de la actividad productiva y del empleo con nuevas reediciones de electoralismo fiscal.