Un empujón para el ahorro en Latinoamérica
Las naciones latinoamericanas han planteado como eje central de sus políticas económicas el crecimiento con equidad. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) considera que la acumulación de activos entre los grupos de menores ingresos representa un enorme potencial para disminuir la pobreza e incrementar la equidad y por tal motivo organizó a principios del mes de junio en La Paz (Bolivia) un seminario sobre el ahorro popular en América Latina.
Los estudios presentados con ocasión de la reunión -Costa Rica, El Salvador, Perú, Bolivia, Uruguay y Chile- ofrecen una panorámica bastante representativa de la situación del tema en la región.
El fenómeno común a todos los países estudiados es las muy reducidas cifras de ahorro popular. Las razones tienden a ser igualmente similares: elevadas tasas de pobreza, fuerte componente de población rural a la que no llegan los servicios financieros, prácticas bancarias que discriminan contra el pequeño ahorrador exigiendo ingresos mínimos para abrir una cuenta, ausencia de esquemas de garantía de depósitos, desconfianza en las instituciones de depósito amenazadas por la insolvencia y debilidad de la regulación y supervisión de las instituciones del sistema financiero.
A pesar del poco estímulo al ahorro en América Latina, las familias utilizan los productos bancarios en cuanto están a su alcance Es poco probable que se pueda fomentar el ahorro popular sin medidas estatales que lo favorezcan
El panorama era todavía peor hace unos años, cuando estos países no habían acometido políticas estabilizadores de sus economías ni habían reformado su legislación financiera. En aquellos años -finales de la década de los ochenta- a lo anteriormente mencionado se añadían las fuertes tasas de inflación, los tipos de interés reales negativos, la continua desvalorización de una buena parte de los activos financieros y las crisis bancarias que llevaron a numerosos bancos a su desaparición y a la evaporación de los ahorros de sus clientes.
Las reformas de las legislaciones financieras que se acometieron en los años noventa y que, al tiempo que liberalizaban el negocio bancario y del mercado de capitales, sometían a las entidades financieras a una regulación y supervisión algo más exigentes, no consiguieron (ni pretendían) resolver la principal causa de ausencia de ahorro popular -el alto índice de pobreza-, pero sin duda están colaborando para sentar las bases necesarias para que se generalicen los hábitos de ahorro entre la población.
Los estudios presentados ponen de manifiesto que en los países estudiados, algo que puede extrapolarse para buena parte de la región, no existen medidas gubernamentales encaminadas a fomentar el ahorro entre las capas populares. Por ejemplo, no se han implantado beneficios tributarios para el ahorro de pequeña cuantía, el aseguramiento de depósitos es escaso y los productos destinados a captar el pequeño ahorro siguen siendo las libretas de ahorro y los depósitos a plazo, a los que se les suele aplicar unos tipos de interés menores cuanto menores sean los saldos y para los que se suelen exigir unos fondos mínimos iniciales y a los que se imponen penalizaciones en el caso de reembolsos anticipados. No son frecuentes productos con vocación finalista aunque existen ciertos ejemplo de ahorro vivienda o para financiación de la educación (Chile).
A pesar del poco estímulo al ahorro, es el caso que las familias utilizan los productos bancarios en cuanto están a su alcance. Cosa bastante improbable para los habitantes del medio rural en donde son escasas las sucursales bancarias.
Parece ser que la razón del uso de las cuentas bancarias descansa mayoritariamente en su uso como medio de pago y solamente de manera residual como depósito de valor, dada la poca rentabilidad que para una familia de ingresos modestos aporta este tipo de producto financiero.
De hecho, en la mayor parte de los casos estudiados la rentabilidad resulta negativa en términos reales, y solamente puede entenderse la aparente irracionalidad de los ahorradores depositando sus dineros en las entidades financieras a partir de los servicios de pago que proporcionan en favor de estos clientes, cobrando por ellos posiblemente unas cifras inferiores a sus costes, para depósitos de pequeña cuantía.
Otro aspecto interesante que se observa es la preferencia de los ahorradores por los depósitos denominados en dólares (50% de los depósitos totales en Costa Rica, por ejemplo, son en la moneda estadounidense), que pone en evidencia la desconfianza en la moneda local incluso cuando se ven reducidas las tasas de inflación y devaluación de manera consistente durante un periodo inusual en el pasado.
El repaso que de las características más notables del ahorro de las clases populares pone de manifiesto que en esto como en muchos otros asuntos del mundo del dinero, los países latinoamericanos han querido ser más papistas que el Papa y han puesto todo su empeño en emular a su héroe norteamericano reduciendo la intervención estatal hasta posiblemente más allá de lo necesario. Desgraciadamente para los ideólogos del liberalismo a ultranza, parece poco probable que se pueda simultanear el fomento del ahorro popular como instrumento de equidad y la ausencia de medidas estatales favorecedoras.
La experiencia de países desarrollados que han implantado sistemas de fomento de ahorro popular indica que existe una serie de elementos comunes que se repiten en mayor o menor grado en todos aquellos ejemplos que resultan exitosos.
Estos elementos suelen ser: seguridad de los depósitos mediante esquemas de protección que benefician especialmente los depósitos de pequeña cuantía, tratamiento fiscal ventajoso para los productos del ahorro, topes máximos de los depósitos perceptores de beneficios especiales, liquidez de los depósitos que permita afrontar al menos situaciones de necesidad y tipos de interés fijados o vigilados por el Estado.
Sólo entonces, cuando los ahorros de las clases populares gozan de un especial tratamiento y protección, comienzan los que no disponen de cultura del ahorro a adquirir el hábito de aplazar el consumo presente y a programar sus gastos en el tiempo de manera racional y a colaborar con el Estado en la financiación de la prevención social, la vivienda y la educación.