Cardenal permite ahora investigar si las petroleras pactaron precios
El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ha decidido permitir al fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, que se encargue de la investigación en la causa abierta por la Audiencia Nacional tras la denuncia presentada por diversas organizaciones contra Repsol, Cepsa y BP por supuesta concertación de los precios de sus carburantes.
Según confirmaron fuentes fiscales, Jiménez Villarejo anunció a Cardenal, en un escrito enviado la semana pasada, su decisión de renunciar a la petición de convocatoria del pleno de la Junta de Fiscales de Sala para que este órgano consultivo fuera el encargado de estudiar sus discrepancias con el fiscal general respecto a la querella que la propia Fiscalía Anticorrupción preparó contra las petroleras por el mismo asunto hace ya más de tres meses, y cuya presentación impidió finalmente Cardenal, al no encontrar indicios suficientes de delito.
En su escrito, Jiménez Villarejo solicitaba a Cardenal que fuera su fiscalía, y no la de la Audiencia Nacional, la que se hiciera cargo de la investigación en el nuevo proceso abierto, después de que el juez central de Instrucción número 1, Guillermo Ruiz Polanco, admitiera a trámite en mayo pasado las denuncias presentadas por diversas organizaciones contra las tres grandes petroleras del mercado español: Repsol, Cepsa y BP, por supuesta concertación de precios.
Así, con esta resolución adoptada por Cardenal, toda la documentación elaborada por Anticorrupción en el año y medio durante el cual estuvo investigando este caso será ahora remitida a la Audiencia Nacional.
Por su parte, los denunciantes también han reclamado a la Audiencia Nacional que requiera los expedientes abiertos por el Tribunal de Defensa de la Competencia a Repsol y Cepsa, y las actuaciones practicadas previamente por el Servicio de Defensa de la Competencia, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda. Los denunciantes están adscritos a la denominada Plataforma Nacional de Consumidores de Carburantes, integrada por transportistas, agricultores y consumidores, quienes dirigieron su denuncia contra Repsol, Cepsa, BP y el resto de compañías integradas en la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), a las que acusa de alterar el precio de venta de los carburantes y evitar la libre concurrencia 'mediante engaño y utilización de información privilegiada'. Por su parte, el coordinador de la Plataforma Nacional de Consumidores de Carburantes, Juan Antonio Millán, se mostró ayer satisfecho por la decisión de la Fiscalía General del Estado.
Millán, secretario general de Fenadismer, dijo a Efe que la decisión de Jesús Cardenal supone que no se frene la investigación sobre el presunto oligopolio de las petroleras y su control en el precio de los carburantes. El representante de la plataforma se mostró confiado en que a través del informe del fiscal jefe Anticorrupción se acabe con el 'abuso de posición dominante' de las petroleras, que, en su opinión, va en perjuicio de los trabajadores.
Según Millán, los consumidores profesionales de carburantes están 'indignados' de 'cómo se nos viene sacando el dinero' por parte de las petroleras, que, a su juicio, suben el precio de los hidrocarburos cuando se encarece el petróleo, pero luego no lo reducen, poniendo en una situación de 'difícil subsistencia' a transportistas, agricultores y pescadores.