En el limbo de la justicia
George Bush sigue disfrutando de un apoyo casi inquebrantable en su batalla contra el terrorismo, pero ello no está achicando a abogados, defensores de las libertades civiles y grupos de derechos humanos, que denuncian el arrinconamiento de las más básicas protecciones legales en EE UU. Dicen estos grupos que los detenidos en conexión (la mayoría por probar) con los ataques terroristas del 11 de septiembre, o su filiación a Al Queda, están en el limbo legal.
Así está José Padilla. Este norteamericano fue detenido el 8 de mayo por ser sospechoso de construir e intentar detonar una llamada 'bomba sucia'. Pero una vez detenido, las pobres evidencias han imposibilitado ir mas allá de calificar a Padilla como un miembro de Al Queda. No hay cargos penales pero Padilla está en una prisión militar, no se le ha dado derecho a un juicio y no hay cargos. Puede estar confinado en ese estado hasta que el presidente Bush decida que se ha ganado la guerra contra el terrorismo. ¿Cuándo será eso?
Bush ha calificado a Padilla como 'un enemigo combatiente', una designación que aplicó en 1942 el Tribunal Supremo a un grupo de nazis que llegaron en submarino a las playas estadounidenses con la intención de destruir complejos industriales. Uno de ellos, un norteamericano, perdió sus derechos por asociarse con el enemigo y con su ayuda desarrollar actos hostiles.
Desempolvado este concepto, hijo de una época de anomalías jurídicas, Bush lo ha aplicado a otro ciudadano de Luisiana que estuvo detenido en Guantánamo. Es Yaser Esam Hamdi, quien, sin abogado, incomunicado y sin acusación, está en la prisión de la base de Norfolk. Un juez federal ha pedido que Hamdi tenga acceso a las garantías legales y le ha nombrado un abogado de oficio. El Gobierno no sólo ha negado la posibilidad, saltándose la cuarta, quinta y sexta enmienda de la Constitución y equiparando la guerra contra el terrorismo a la II Guerra Mundial, sino que además ha señalado que la justicia no debe interferir en las decisiones de la Casa Blanca. En similar situación están los cerca de 560 detenidos de Guantánamo, donde hay soberanía norteamericana pero no se aplica la ley.
Hasta ahora sólo Richard Reid (quien ocultó una bomba en un zapato para detonarla en un avión), John Walker Lindh y Zacharias Moussaoui están siendo procesados. En el caso del francés Moussaoui, los expertos en leyes se echan las manos a la cabeza porque al llamado 'secuestrador 20' se le juzga por conspirar para cometer delitos que no cometió y se le ha pedido la pena de muerte cuatro veces. En este ambiente, la película de Steven Spielberg y Tom Cruise recién estrenada en EE UU, Minority Report, sobre delincuentes a los que se les detiene y encierra antes de cometer los crímenes, pierde el carácter de ciencia ficción que su autor, Philip Dick (creador de Blade Runner), le confirió.