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Informe

Justicia y fiscalidad, entre los asuntos más reclamados al Defensor del Pueblo

Los retrasos en los procesos que se juzgan en las salas de lo Civil, Social y Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo continúan ocupando un lugar destacable en la memoria del Defensor del Pueblo de 2001.

El informe destaca el caso concreto de la Sala Primera (Civil), que al finalizar el año pasado estaba resolviendo los recursos que llegaron en 1996. En cuanto a la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo), la institución señala que también a finales de 2001 se estaban tramitando asuntos recibidos en 1997; y en la Sala Cuarta (Social), los recursos registrados en 1998.

Los problemas con la Administración de Justicia acumularon durante el pasado año un total de 1.042 reclamaciones. De ellas, 1.020 fueron quejas individuales, seis colectivas y 16 de oficio.

Pero las reclamaciones relativas a la Hacienda pública fueron las más numerosas durante el año pasado. En concreto, se recibieron 2.171; 504 individuales, 1.664 colectivas y tres de oficio. La memoria explica respecto al apartado de reclamaciones por motivos fiscales que 'es el primero en número debido a una sola queja colectiva sobre la calificación de programas de jubilación anticipada y prejubilación como irregular a efectos del IRPF'.

La inmigración también acaparó un buen número de quejas debido, sobre todo, a la Ley de Extranjería. En cualquier caso, durante 2001 se redujo a la mitad el número de quejas tratadas respecto al año inmediatamente anterior. Durante 2001 se recibió un total de 13.356 reclamaciones, lo que supone una reducción del 50,5% respecto al año anterior, cuando se recibieron 13.365. Si bien las cifras del número de quejas recibidas durante el año pasado se encuentran en línea con las de 1999.

La institución que preside Enrique Múgica asegura que el descenso más fuerte en recepción de quejas se ha producido en las colectivas, tanto en términos absolutos (12.544) como en porcentaje (un 75,3% del total). Sin embargo, las quejas de oficio han supuesto un incremento del 47,9% sobre 2000.

El informe del Defensor del Pueblo aprovecha para señalar con el dedo a Administraciones 'notoriamente entorpecedoras' por dificultar u obstaculizar la labor de la institución.

Entre estas instituciones, la memoria destaca al Ministerio de Fomento, en el ámbito de la Administración general del Estado; la Comunidad Foral de Navarra, en el ámbito de la Administración autonómica, y los ayuntamientos de Las Rozas, Leganés, Madrid capital y Marbella, en la Administración local.

La memoria también recoge un capítulo especial sobre las listas de espera en el sistema de sanidad público y denuncia que se han detectado demoras hasta de 20 meses.

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