Cuidar al inversor
Los problemas de Enron y de otras compañías cotizadas en EE UU han abierto un intenso debate sobre la protección del inversor similar al que desató la crisis bursátil de 1929. Más de 10 comités del Congreso estadounidense están estudiando multitud de cuestiones, entre las que cabe destacar las siguientes:
La información financiera, elemento esencial en la protección de los inversores. La mejora de normas contables, la regulación adecuada de la publicidad de la información y el aumento de la responsabilidad de los gestores sobre la propia calidad de información son algunos de los puntos sometidos a debate.
Las auditorías, en las que el debate se ha centrado fundamentalmente en los conflictos de interés que se producen entre los servicios de auditoría y de consultoría.
Los conflictos de interés entre analistas y bancos de inversión, que han llevado al acuerdo de Merrill Lynch con el fiscal del Estado de Nueva York.
Los conflictos de interés entre las agencias de rating y los emisores de valores.
El gobierno de las sociedades, cuyo debate se mueve entre la constatación de la inutilidad de los códigos voluntarios y los problemas que pudiera crear su obligatoriedad, así como entre la teoría sobre la necesidad de consejeros independientes y la realidad, que ha mostrado que estos denominados independientes se han mostrado más sumisos ante los ejecutivos que el resto de los consejeros.
El refuerzo de la función de los reguladores y supervisores públicos, tanto en los aspectos de la información financiera como en el control de calidad de las auditorías.
La necesidad de regular los nuevos mercados, como el de trading de energía que, a diferencia de los mercados de derivados financieros con los cuales mantiene grandes similitudes, nació y se desarrolló bajo una desregulación total.
AEspaña nos estaban llegando los ecos de esas discusiones -y algún reflejo han dejado en la Ley Financiera-, cuando las recientes operaciones de venta de Metrovacesa y Vallehermoso han contribuido a animar el debate interno. La mayoría ha centrado su atención en la normativa de las opas sin reparar en que esas operaciones están reflejando un problema aún más profundo, el de que quienes controlan o dirigen las empresas en España obtienen un extraordinario valor de la misma que no comparten con el accionista normal.
Estos casos nos recuerdan a los españoles -y a todos los europeos- que, en lo que se refiere a la protección del inversor, nos queda por recorrer un camino mucho mas largo que el que se propone iniciar ahora EE UU. Los blindajes, las limitaciones de los derechos de voto o las exigencias para ser consejero o presidente, aunque existen en EE UU, no tienen la generalidad que observamos en Europa.
Además, aquí tenemos que añadir a esos problemas los que crea la íntima relación entre política y empresa que, aunque se defiende como instrumento para proteger a la empresa, resulta que, en el momento en que el Gobierno se agobia con la inflación o con las consecuencias sociales de las reestructuraciones, se utiliza para perjudicar a los accionistas de las empresas teóricamente protegidas. Si siempre fue importante la tarea de proteger al inversor, hoy, una vez que hemos pasado de un sistema de financiación de las empresas basado fundamentalmente en la intermediación a otro que reposa cada vez más en el mercado de valores, esa tarea es aún más importante.
Si el inversor tiene la sensación de que es maltratado e incluso expropiado, serán las empresas las primeras que acaben pagándolo. Finalmente lo pagaremos todos y comprobaremos que la confianza en los mercados es un bien público del que deben preocuparse y tutelar las autoridades.