¿Qué política territorial para los espacios rurales?

Los límites entre lo rural y lo urbano en España son cada día más imprecisos, lo que hace que la definición y delimitación territorial de los espacios rurales, como en el resto de los países desarrollados, no sea tarea fácil. No obstante, este tipo de espacios pueden definirse tanto por las amenazas que comparten como por los cambios recientes que han experimentado.

Entre las amenazas, los expertos señalan las dificultades para mantener una agricultura competitiva (especialmente en zonas de montaña y áreas más desfavorecidas), la desvitalidad demográfica, la marginación económica, la insuficiencia de la oferta y calidad de equipamientos y recursos básicos, la pérdida de poder de decisión, su marginalización progresiva en la toma de decisiones territoriales, su pérdida progresiva de identidad y, finalmente, su mayor exposición a los riesgos naturales.

Sin embargo, las últimas décadas los espacios rurales españoles también comparten cambios que explican su carácter multifuncional, su cada vez mayor imbricación con lo urbano y su marcada heterogeneidad (económica, ecológica y sociocultural).

Fenómenos como el desarrollo residencial y los servicios (turismo…) están suponiendo mayor revalorización de lo rural que, como consecuencia, deviene menos aislado, más atractivo, merced a la mejora de las condiciones de vida y a las comunicaciones. La llamada espiral de declive en algunas áreas, se torna espiral de progreso en otras: el Pirineo es un buen ejemplo.

Sin embargo, a pesar de los cambios recientes, soportan, en el plano demográfico, una marcada despoblación (véase el mapa), esto es, una pérdida de efectivos demográficos progresiva o sostenida, producida tanto por desvitalidad biológica, como la emigración neta o por ambas causas a la vez, como ocurre en la mayor parte de la España rural profunda.

Este proceso de despoblación sostenido afecta a casi cuatro quintas partes del territorio nacional y a casi un tercio de su población.

Ante esta situación, ¿qué política territorial se plantea respecto a una España rural, que coincide casi plenamente con la que se despuebla?

La pregunta es importante: España, a pesar del desarrollo urbano experimentado en el siglo XX, sigue siendo, desde la perspectiva territorial, ambiental, patrimonial e incluso cultural, en cuanto a sus raíces próximas, un país predominantemente rural. A la vez, la importancia que los espacios rurales presentan desde el punto de vista estratégico, social, económico y ambiental es creciente.

Consideramos que no ha existido en España una política territorial integral respecto a nuestros espacios rurales, lo que no significa que no haya habido -y haya- políticas que han acarreado -y acarrean- consecuencias o efectos territoriales.

Reflexionando sobre las importantes leyes, tanto de rango comunitario -por ejemplo, la PAC (política agraria común, renombrada, desde el año 2000) o la PARC (política agraria y rural común, el matiz semántico es importante-, como de rango nacional -por ejemplo, la LOGSE, la Ley de Sanidad, la Ley del Suelo…-, a las que se superpondrá, tras la asunción de competencias en materia educativa, sanitaria, ambiental y asistencial, el cada vez más tupido bosque de las legislaciones autonómicas, cabe hacerse las siguientes preguntas: ¿pensaron nuestros legisladores en términos territoriales cuando redactaban las citadas leyes?, ¿eran conscientes de las implicaciones territoriales que la aplicación de las leyes citadas acarrea? Pensamos que no. Los problemas territoriales sobrevienen después, a la hora de aplicarlas.

Las citadas leyes llevan implícitas consecuencias territoriales, pero esto no es lo mismo que plantear explícitamente políticas territoriales: en éstas el territorio se pone en el primer plano y las políticas en segundo y supeditadas a aquél. La realidad nos demuestra que el proceso en nuestro país viene siendo el opuesto: estamos obligados a leer el articulado de las leyes entre líneas para dilucidar, deducir o intuir la política territorial que implícitamente las acompaña.

Problemas ambientales, de desarrollo rural, de equipamiento y de servicios comunes (casi siempre concentrados en torno a los servicios sociales), están teniendo -o pueden estar teniendo- desde el punto de vista político respuestas diferentes: la España de las autonomías permite a las consejerías correspondientes -y más en el futuro- amplios márgenes de maniobra desde el punto de vista de los equipamientos y servicios actualmente transferidos al 100%, así como desde el punto de vista ambiental.

Sin embargo, no todos los Gobiernos autonómicos están teniendo el mismo grado de sensibilidad respecto a la sostenibilidad económica de los espacios rurales, a la despoblación, al desarrollo rural, a la preservación medioambiental y ecológica de unos espacios frágiles, que si tienen un talón de Aquiles es el demográfico o, para ser más precisos, el sociodemográfico.

El diálogo de sordos entre políticos, técnicos y universitarios se ha prolongado demasiado y sus consecuencias no han sido precisamente positivas.

Se impone una seria reflexión sobre la necesidad de una profunda reestructuración político-administrativa en la España rural: el municipio -y esencialmente los pequeños municipios rurales- constituye una unidad administrativa demasiado pequeña para resolver los problemas grandes, cual es el tema de los servicios y equipamientos públicos, el medio ambiente, el urbanismo y el Estado antes, y, en menor medida, las comunidades autónomas ahora, constituyen instancias demasiado grandes para resolver sus problemas pequeños, sus problemas cotidianos. Unas y otras son entidades administrativas del siglo XIX, incapaces de dar respuesta a los nuevos problemas del siglo XXI.

La comarca, como escala intermedia, aparece como la solución adecuada. Sin embargo, ¿cómo delimitarla?, ¿cuáles son los criterios determinantes?, ¿los funcionales?, ¿los geográfico-naturales?, ¿los históricos?, ¿los ligados a la percepción y sentido de pertenencia, los subjetivos, de los habitantes?, ¿todos conjuntamente?

¿Cómo resolver el problema recurrente de las comarcas bicéfalas y tricéfalas?, ¿cómo articular territorialmente las áreas metropolitanas?, ¿cómo encarar, de una vez por todas, la problemática de los espacios rurales en despoblación en relación a los servicios?

El Estado tendrá cada vez menos competencias en materia de política territorial -no así en la aprobación de las grandes leyes o en la política de grandes infraestructuras-, y las comunidades autónomas tendrán la máxima -si no la exclusiva- responsabilidad, y ante esta nueva realidad político-administrativa. Podemos preguntarnos por el papel del Estado, así como por el de la Unión Europea tras su ampliación al Este. Una ampliación a la que estamos inexorablemente abocados por razones históricas y geográficas, que hará a la Unión más grande territorialmente, pero también, en términos relativos, más rural, económicamente más pobre y políticamente más frágil. Una ampliación que va a repercutir negativamente sobre nuestros espacios rurales, los cuales habrán de cambiar de cultura económica.

Pues bien, sólo desenredando el ovillo de los espacios rurales, cada vez más complejos y heterogéneos, y sólo contando con la participación activa de la población rural -y nunca actuando al margen de ella- podremos confeccionar el paño de la política territorial.