El redondeo, al amparo de la ley
El Partido Popular ha presentado una enmienda al proyecto de Ley Financiera en el Congreso de los Diputados en la que aborda la regulación de la cláusula del redondeo. La Asociación Hipotecaria se ha pronunciado al respecto y ha decidido solicitar a sus miembros que lleven a cabo los ajustes necesarios para aplicar la nueva norma todos desde el mismo día de su aprobación en el Parlamento.
Tras meses de debate entorno a la cláusula del redondeo, parece que los prestamistas e hipotecados sabrán pronto, por fin, a qué atenerse.
La controversia surgida en torno a esta práctica ha dado sus frutos. La polémica ha llevado al Partido Popular a regular una fórmula cuya legalidad para muchos estaba en entredicho y que en la mayoría de los casos repercutía negativamente en los hipotecados al aumentar la cuota mensual del préstamo.
Lo cierto es que la propuesta, recogida en una de las enmiendas presentadas al proyecto de Ley Financiera, no prohíbe esta práctica al justificar que 'conlleva importantes ventajas para los consumidores al facilitar el cálculo por éstos de las cuotas de amortización, agilizando la operativa contractual'. Pero, si hasta ahora algunas entidades aplicaban el redondeo al alza al cuarto de punto más próximo e incluso al medio punto, con la nueva norma la simplificación de los decimales estará limitada.
El Gobierno propone que, en caso de que se pacte el redondeo, éste se efectúe el intervalo más próximo, al alza o a la baja, sin que éste pueda ser superior al octavo de punto o 0,125 puntos. Una medida que, si no elimina el redondeo, al menos atenúa su impacto y hace que deje de ser necesariamente perjudicial para el hipotecado.
La Asociación Hipotecaria, que siempre ha defendido las ventajas del redondeo, no ha tardado en pronunciarse al respecto. Esta semana ha recomendado a todas la entidades la adopción de la norma y aconseja que inicien los ajustes necesarios oportunos (modificación de sus productos, aplicaciones informáticas e instrumentos de marketing) para que la disposición recogida en el mencionado proyecto de ley pueda ser practicada en todos los contratos que se formalicen a partir del mismo día de su aprobación en el Parlamento.
La polémica saltó tras una sentencia de un tribunal de primera instancia, procedente de una demanda contra Caja Madrid, que declaraba nulo este uso y obligaba a su eliminación por considerarlo abusivo. El fallo despertó cierta alarma, pues se trataba de una práctica de uso extendido entre las entidades y que, según expertos jurídicos, estaba autorizada desde hace tiempo por las normas que desarrollan la legislación bancaria.