Trabas al autoempleo
Entre las medidas que introduce el Gobierno en la reforma de la protección por desempleo introduce la eliminación del pago único de la prestación contributiva, sustituyéndolo por la bonificación en las cuotas mensuales de la Seguridad Social hasta completar el equivalente de la retribución a la que se tuviera derecho. Desaparece así una opción, vigente desde junio de 1985, que generalmente se ha utilizado para promover el autoempleo o la integración en sociedades laborales y cooperativas.
La razón esgrimida para semejante modificación es la mayor garantía de sostener este tipo de empleo en el tiempo a través del pago diferido en cotizaciones sociales y fraccionado mensualmente.
Sin embargo, difícilmente se puede mantener un empleo si ni siquiera puede llegar a crearse por no disponer de la capitalización inicial, ya que la supresión del pago único restaría muchas posibilidades para poner en marcha proyectos empresariales viables.
El capital social que pueda reunirse para constituir una sociedad anónima laboral o una cooperativa es determinante, entre otras cosas, para acceder a su vez a la financiación bancaria y condiciona en gran medida sus perspectivas de futuro. Al mismo tiempo, la rapidez con la que se accedía al pago único era un complemento esencial de las ayudas para el fomento de las citadas iniciativas empresariales arbitradas por las comunidades autónomas, que son más lentas en su resolución administrativa.
Por lo que la desaparición del pago único del seguro contributivo de paro también afectaría gravemente a una de las vías por las que se han paliado los efectos de las crisis industriales, la deslocalización de empresas y el declive de actividades productivas en bastantes regiones y zonas del país durante los últimos 17 años. Además de perjudicar en la actualidad un campo generador de tejido empresarial, ya que, mientras están aumentando las cooperativas y sociedades laborales, decrece la constitución de sociedades mercantiles.
De todo ello dan cuenta los datos de un informe elaborado por la Confederación de Sociedades Anónimas Laborales (Confesal). La incidencia en la creación de empleo en el sector de la economía social es tan considerable que solamente desde 1992 se han generado 91.727 puestos de trabajo en cooperativas y sociedades laborales. Obviamente no todos han sido beneficiarios de una prestación por desempleo, ya que en las sociedades configuradas el año pasado los socios iniciales sin dicha ayuda fueron casi tres veces más que quienes las tuvieron, pero de las 11.950 personas que se acogieron al pago único el año pasado, más del 61% (7.327) lo utilizaron para incorporarse a sociedades laborales. Estas eran 14.300 al terminar el año y daban empleo a casi 100.000 personas.
Empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales pagan el impuesto de sociedades, el IVA y los impuestos locales, además de inducir la producción y el empleo en otras empresas del entorno geográfico o sectorial.
De tal forma que, según la Confesal, el valor añadido bruto creado por la actividad empresarial triplica en un año el monto de la prestación por desempleo.
Y si se consideran otros aspectos de la rentabilidad económica de la medida que ahora se quiere suprimir, también debería tenerse en cuenta que un parado que se integra en una sociedad laboral con un salario neto de 1.100 euros mensuales devuelve a las arcas públicas el total de la prestación recibida, en IRPF y cotizaciones sociales, en el mismo periodo de un año.
No es, por tanto, una reforma que vaya a incentivar la búsqueda de empleo entre los parados, sino todo lo contrario, les cierra una importante vía de salida del desempleo que ha funcionado eficazmente desde hace casi 17 años.
Es una razón más que se añade a las expuestas por los sindicatos frente a la reforma del Gobierno. El presidente, señor Aznar, declaraba recientemente no haber escuchado ningún argumento que demostrase la regresividad de sus propuestas y, a fuerza de descalificar a los parados con generalizaciones sin escuchar las razones de los demás, se ha llegado a la ruptura del diálogo social el pasado lunes, sin haberse iniciado una negociación propiamente dicha.
Una situación absurda de la que se puede y se debe salir antes de abocar al país a un serio conflicto social. Tal vez, si se aparcase la reforma pergeñada unilateralmente por el Gobierno, para dar la oportunidad de sentar unas bases de negociación compuestas con las diferentes propuestas y, en consecuencia, más asumibles por todos los interlocutores, podría encauzarse el proceso por caminos más constructivos.