Los minoritarios de Trasmediterránea exigirán una valoración independiente

Estos propietarios, que cuentan con el 4,6% del capital (el resto es de la SEPI), se muestran preocupados por el bajo precio que ofrecen los postores que participan en la privatización y que se sitúa en la mitad del valor actual de la naviera en la Bolsa. Este valor será el que determine el precio de la opa que lanzará el adjudicatario por el 100% del capital.

Mañana se celebra la junta general de accionistas de Trasmediterránea, la naviera pública que se encuentra en pleno proceso de privatización. Los representantes de los propietarios privados tienen la intención de acudir a la asamblea con el objetivo de exigir que se realice una 'valoración independiente' de la empresa.

El temor de estos 1.800 propietarios privados que mantienen el 4,6% del capital es que el accionista mayoritario -la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI- 'malvenda' la compañía en el proceso de privatización que debe quedar finalizado antes de las vacaciones de verano.

Como se recordará, los nueve grupos que pujan por Trasmediterránea han filtrado a los medios de comunicación que el precio que han incluido en sus ofertas no vinculantes es en todos los casos inferior a 240 millones de euros, cuando el valor en Bolsa de Trasmediterránea a fecha de hoy asciende al doble, 480 millones de euros.

El desencuentro entre el accionista mayoritario de Trasmediterránea, la SEPI y los pequeños accionistas privados se remonta a hace unos 10 años, pero las relaciones se han enturbiado aún más desde que se planteó la privatización.

El motivo de los desencuentros iniciales fue la compra o la venta de algunos buques o la entrada en la actividad de cruceros. Recientemente las disputas se han centrado en la fijación de un precio que debía permitir que la SEPI se quedara con el 100% de las acciones de la naviera.

Opa por el 100%

El diseño inicial de la privatización que realizó el ente público que hoy preside Ignacio Ruiz-Jarabo intentaba resolver el problema de los socios particulares mediante el lanzamiento de una opa de exclusión en una fase previa a la venta de Trasmediterránea.

Los sondeos que se realizaron entonces dieron como resultado el rechazo de los minoritarios que por contra, y siempre según la versión de fuertes cercanas a la Administración, se embarcaron en una actividad de compraventa de acciones en Bolsa que han tenido como resultado que el valor bursátil de Trasmediterránea se haya multiplicado por dos en un año.

Ante esta situación, el diseño definitivo de la privatización contempla que sea el adjudicatario el que lance una opa sobre el 100% del capital de la naviera pública. La oferta tendrá un valor igual al pactado con el adjudicatario de la privatización y el nuevo accionista mayoritario de Trasmediterránea tendrá un plazo de seis meses para alcanzar un pacto de compra con los pequeños inversores privados históricos de la naviera. En caso de que este precio no fuera aceptado, la empresa no tendría por qué quedar excluida de la Bolsa.

Postura minoritaria

Manuel Vecino, presidente de la Compañía de Transporte e Inversiones (CTISA), que controla más de la mitad del capital de la naviera que hoy está en manos de los minoritarios, defiende los intereses de éstos ante la privatización y asegura que 'la compañía tiene un valor objetivo en la Bolsa para el que desee comprar o vender acciones'.

Señala que la situación económica actual de Trasmediterránea es 'muy buena' y remite a los resultados del año pasado y a los del primer trimestre de este ejercicio. 'La compañía realizó en 2001 provisiones muy por encima de las exigidas, que recuperará en ejercicios sucesivos. En el año en curso se prevé alcanzar un flujo de caja de más de 60 millones de euros', asegura. Califica de 'impresentable' que los grupos que participan en la privatización se hayan embarcado en 'un proceso de descalificación de la compañía', mientras que la SEPI ha adoptado una 'sorprendente actitud de pasividad'

Vecino afirma que CTISA, 'como propietaria del 2,4% de Trasmediterránea, va a exigir en la junta general del próximo día 14 la realización por la compañía de un informe de valoración objetivo e independiente como condición previa a la salida del capital del accionista mayoritario SEPI'.

El portavoz de los minoritarios remite a la intervención del presidente de Trasmediterránea, en la junta de accionistas del año pasado, para señalar cuál es la referencia válida de precio para los accionistas privados.

Según Vecino, 'Miguel Ángel Fernández Villamandos aseguró en aquella ocasión que una compañía de este tipo vale 2,5 veces el valor de sus recursos propios; y en el caso de Trasmediterránea los recursos propios se cifran en 320 millones de euros'.

La SEPI recibirá las ofertas definitivas el 10 de junio

 

 

La SEPI confirmó el viernes que los consorcios y empresas interesados en la privatización de Trasmediterránea tendrán de plazo hasta las 14 horas del próximo 10 de junio para presentar sus ofertas vinculantes, según un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La SEPI, accionista mayoritario de la naviera, ha recibido 10 ofertas no vinculantes por Trasmediterránea, aunque tras retirarse una del proceso quedan nueve en liza, que hoy conocerán las exigencias planteadas por el vendedor para presentar las propuestas vinculantes.

 

 

 

 

 

 

 

El grupo público prevé concluir la privatización de la naviera en la segunda quincena de julio o en la primera de septiembre.

 

 

 

 

 

 

 

Mientras se entra en la fase definitiva de la venta, van trascendiendo datos sobre las candidaturas que están encima de la mesa.

 

 

 

 

 

 

 

La propuesta rubricada por Marsans cuenta como socio mayoritario a las cajas de ahorros, a través de Ahorro Corporación, que ostenta cerca del 55% del consorcio. En cuanto a la propuesta de Sacyr y Bergé, la constructora madrileña, sin experiencia en este mercado, suscribe el 85% de la misma, y Federico Esteve, ex presidente de la naviera, el 2%.

 

 

 

 

 

 

 

Las navieras Boluda y Balearia, la constructora Acciona, Sea Containers, Stef-TFE, Lavinia y el fondo Star Capital completan el resto de ofertas.

 

 

 

 

 

 

 

Los futuros compradores tendrán que cumplir una serie de compromisos; entre ellos, garantizar la plantilla y de las filiales de la naviera, y mantener su sede en España.