La guerra comercial y el acero
John Smith es un productor de manzanas de Oregón que vende la integridad de su producción en el norte Europa para convertirlas en zumo. El otro día un empleado de la asociación de productores de manzanas le dijo que este año sus manzanas se quedarán en el árbol, porque los europeos no beberemos más zumos hechos con manzanas estadounidenses.
John, no entiende nada. -'¿Pero yo qué tengo que ver con el acero?'-. Acaba de saber que al pasar por la aduana europea, sus manzanas sufrirán una tasa del ¡100%!
La Comisión Europea ha presentado una propuesta de reglamento en la que se pretende contraatacar la tasa aduanera que EE UU ha puesto a las importaciones de acero extranjero. La Comisión propone, entre otras cosas, tasas de hasta el 100% a las camisas, pantalones, arroces, manzanas... lo que sea con tal de que se inflija un daño en EE UU equivalente al que ellos están provocando a nuestra industria del acero.
No hace falta decir que nuestro agricultor ya ha escrito a su senador y acaba de dar una excelente donación a su asociación de productores de manzanas para que contraten al mejor despacho de abogados de Washington. El bufete se encargará de hacer lobby sobre todos los políticos que pudieran influir en una retirada de la tasa sobre el acero extranjero.
Analicemos la propuesta de la Comisión desde el punto de vista del Derecho Europeo. Para ello debemos seguir la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) sobre el principio de igualad en el caso Ruckdeschel.
Las sanciones contra los productos de EE UU tienen un objetivo de interés general que es defender la industria europea, pero el medio buscado son sanciones comerciales con las que pagan justos por pecadores. La propuesta castiga más a las empresas estadounidenses que no tienen nada que ver con el acero que a las que se benefician económicamente de la imposición de tasas de importación al acero extranjero.
Para muchos, estas sanciones son equivalentes al bloqueo comercial que se impuso a Yugoslavia. La diferencia con aquel caso consistiría en que en vez de defender los derechos humanos, ahora lo que se está defendiendo son nuestros puestos de trabajo. Nos atacan y respondemos. Es decir, que esto es la guerra y en la guerra vale todo.
La diferencia entre el caso yugoslavo y éste es que cuando un bloqueo comercial es la única solución al problema, no se puede apuntar al culpable y es inevitable castigar a todos. En aquel momento no se podía saber quién se beneficiaba económicamente de las violaciones de los derechos humanos en Yugoslavia y quién las sufría. La única posibilidad de castigar al Gobierno yugoslavo era bloquear todas las mercancías que venían del país.
En el caso del reglamento presentado por la Comisión, es fácil identificar los sectores que se benefician de las tasas impuestas por EE UU y los inocentes.
Se debería empezar por castigar a los productores americanos de acero que son los verdaderos culpables de la situación. Si aun así no se inflige daño suficientemente grave para compensar las pérdidas de la industria europea, se debería castigar a los suministradores que venden a las empresas de acero, como la minería del carbón y del hierro, o a los productores de electricidad, imponiéndoles tasas de importación en la UE, puesto que la tasa de EE UU va a provocar un aumento en sus ventas. Al límite, se podría castigar a compradores de acero, como fabricantes de coches o maquinaria. Sólo cuando estas medidas no basten para cubrir el valor del daño provocado por EE UU, se debería aumentar el radio de acción de las sanciones. Si existiese una alternativa más justa y que restringe menos el principio de igualdad, provocando el mismo daño en EE UU, se podría concluir que la Comisión ha propuesto un reglamento desproporcionado que no puede justificarse por objetivos de interés general, y que incluso podría ser considerado ilegal por el TJCE.
En la guerra no vale todo. Existen convenciones que se firmaron para hacerla más humana. Las disputas comerciales no tienen por qué ser una excepción.