Planes energéticos contra apagones
Juan Manuel Eguiagaray Ucelay asegura que la situación del suministro eléctrico en España es incierta. El autor pide un verdadero plan energético que garantice la ausencia de problemas como los actuales
Mientras el Gobierno, como nuevo paladín de las ideas de modernización y liberalización económica, dirige sus mejores esfuerzos -al menos, los más visibles- a acreditar su interés en la creación efectiva del mercado único de la electricidad en Europa, la situación presente del suministro eléctrico en España está plagada de serias incertidumbres.
La Cumbre Europea de Barcelona fue saludada como un paso -modesto, en realidad- en el establecimiento de compromisos de apertura de los mercados eléctricos y, de modo singular, como la ocasión para poner de manifiesto las resistencias francesas a la apertura de su singular mercado, con graves consecuencias sobre el propio proceso español.
Como se sabe, la interconexión con Francia cubre poco más de un 3% de nuestra demanda eléctrica y, cuando existe riesgo de apagón en España, como ocurrió en diciembre pasado, el interés nacional de Francia se muestra mucho más sensible a sus propios problemas que a los de su vecino del sur de los Pirineos. Por muy rápido que se ejecuten los viejos proyectos para la ampliación de capacidad de las interconexiones, España seguirá siendo una isla eléctrica por bastantes años, con todos los efectos negativos que de ello se derivan, en especial sobre la cobertura de potencia y sobre la competencia efectiva en el mercado.
Si no es posible ser optimista ante la apertura internacional de los mercados eléctricos europeos, lo que interesa saber es si podemos resolver nuestros problemas de insuficiente cobertura de potencia, en un escenario de crecimiento como el contemplado por el Gobierno, sin riesgo de nuevos apagones. Y, a la vez, dilucidar cuál ha de ser la tecnología utilizada para garantizar esa cobertura a un coste razonable.
Los primeros escarceos en esta dirección se han llevado a cabo a través de un documento de trabajo enviado por el Gobierno al Parlamento para una primera discusión. Del contenido del documento se desprende que el Gobierno apuesta decididamente por la utilización masiva de gas natural mediante la tecnología de ciclo combinado, que prescinde de aumentar la potencia nuclear instalada (a pesar de la conocida posición de Loyola de Palacios) y que otorga un espacio insuficiente a las energías renovables en relación con las proclamas realizadas y las exigencias derivadas del cumplimiento del Protocolo de Kioto.
También se desprende del documento que el ahorro y la mejora en la eficiencia energética son objetivos importantes, aunque en este punto el Gobierno haga ostentación de su ignorancia en el modo de alcanzarlos al no proponer los medios adecuados.
La planificación indicativa establecida en las leyes -tanto del sector eléctrico como del sector de hidrocarburos- para las decisiones privadas de inversión, plantea un problema bien crudo, del que se han hecho eco todas las empresas que han comparecido ante la subcomisión parlamentaria creada al efecto.
El planificador asume el riesgo de equivocarse al plantear la combinación deseable de nuevos equipos y tecnologías al servicio de la cobertura de la demanda. Puede equivocarse en la estimación de la demanda, por ejemplo, lo que es altamente probable. Puede hacerlo, también, al establecer la dosis de electricidad deseable derivada de las diferentes fuentes tecnológicas, con efectos indudables sobre la seguridad del suministro y sobre su coste efectivo. Todo lo cual, de producirse, resultaría grave, sin duda. Pero aún es más grave, en el escenario de eventuales cortes de suministro en que vivimos, que el documento de planificación indicativa no pueda asegurar la existencia efectiva de las inversiones consideradas necesarias. Las inversiones se pueden describir en el plan pero, naturalmente, no se harán reales mientras no existan los incentivos económicos adecuados para las decisiones de los inversores privados.
Pues bien, en ésas estamos. Las incertidumbres regulatorias que pesan sobre el sector eléctrico son tan grandes que los agentes privados demandan, sobre todo, garantías financieras del Gobierno para llevar a cabo sus proyectos. Ya se sabe, a mayores incertidumbres, mayores rentabilidades exigidas a los proyectos de inversión. No es ningún secreto que los compromisos de rebaja de tarifas (un 9% para las tarifas domésticas entre 2001 y 2003) anunciados por el Gobierno chocan hoy frontalmente con las pretensiones de las empresas, lanzadas a una intensiva campaña para elevar sus ingresos esperados, especialmente tras el fiasco obtenido con los llamados costes de transición a la competencia (CTC).
Tras el paso del documento de trabajo mencionado por el Parlamento, el Gobierno deberá cerrar un verdadero plan energético, corrigiendo muchas de las inconsistencias detectadas en su borrador. Forzoso es que lo haga. Pero incluso entonces, faltará un marco regulatorio dotado de la suficiente seguridad para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la planificación. Dicho de otra forma, el Gobierno puede que no cumpla sus promesas en materia de tarifas. Y puede ser, también, que una regulación inadecuada y mucha incertidumbre produzcan un sobrecoste en el suministro energético a medio plazo. Sin apuntarse al pesimismo, hay que reconocer como razonable el derecho a pensar que los apagones no van a desaparecer tan fácilmente del horizonte.