Andersen comienza su calvario judicial en Estados Unidos
El Congreso de EE UU ha negado a los abogados de Andersen los documentos en los que se recogen las declaraciones del que ha accedido a ser el testigo clave, David Duncan, el ex socio de la firma y presunto responsable de la destrucción de los archivos de Enron.
Andersen se presentará el próximo lunes ante el juez sin conocer en profundidad la declaración de culpabilidad que el ex socio de la firma, David Duncan accedió a realizar hace apenas una semana a cambio de una sentencia benigna por colaboración con la justicia. El reconocimiento de culpabilidad por parte de Duncan es un revés para Andersen, que ha tratado sin éxito de cerrar un acuerdo extrajudicial a condición de que ni la empresa ni ninguno de sus empleados se declararan culpables. La confesión de Duncan, que en un primer momento se acogió a la quinta enmienda para no testificar contra sí mismo, desmontó esta estrategia.
El Comité de Comercio y Energía de la Cámara baja se niega a entregar los documentos de la declaración de Duncan, 'porque esta información está protegida por la Constitución', dijo el republicano Billy Tauzin.
Un portavoz de Andersen aseguraba que la empresa no ha descartado solicitar judicialmente estos documentos. En la Cámara están tranquilos, porque creen que la ley está de su parte. Con o sin la declaración de Duncan, la firma se presentará el lunes ante el juez de Houston (Tejas).
Las comparecencias previas no se han retrasado pese a los esfuerzos de los abogados de Andersen, que pidieron más tiempo y desestimaron la formación de un jurado por sospechas de que no se encontrara a ciudadanos imparciales en este caso. El juez fue desestimando a lo largo de la semana una por una las peticiones de retraso de la que fue la auditora de Enron.
Pero no es este el único frente legal para Andersen. Desde el martes, la firma se está defendiendo ante un juzgado de Phoenix (Arizona) por su trabajo como auditora de la Fundación Baptista de Arizona, que quebró en 1999 dejando a muchos pensionistas sin sus inversiones. Se calcula que la fundación debe unos 570 millones de dólares.
No estaba previsto que este caso se solventara en un juicio, porque Andersen y los inversores de la fundación cerraron un acuerdo extrajudicial que solventaba las responsabilidades con el pago de 217 millones de dólares. Sin embargo, la falta del pago de la prima por parte de Andersen a su aseguradora impidió el abono del dinero del acuerdo por parte de ésta.
Los abogados de los inversores de la fundación dijeron entonces que habían cerrado este acuerdo porque era lo mínimo que podían conseguir ante la perspectiva de que la auditora suspendiera pagos, algo que la firma no ha hecho todavía.
En el primer día de juicio, el abogado de los inversores, John Coffey, acusó a Andersen de pasar de ser un auditor negligente con su trabajo a un cómplice en la realización de un fraude.