Amenaza de huelga general
Tras seis años de paz social, el Primero de Mayo cobra un carácter más marcadamente reivindicativo. Los sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT, aprovecharán hoy la celebración histórica para reafirmar su amenaza de huelga general el próximo 20 de junio, justo la víspera de la Cumbre Europea de Sevilla, que servirá de colofón a la presidencia española de la UE. El Gobierno ha vuelto a hacer un llamamiento para reabrir unas negociaciones rotas, pero no parece dispuesto a renunciar a una reforma para la que pide adhesión sin transacciones. Las centrales sindicales exigen la retirada del proyecto.
Lo que el Gobierno propone es un ajuste en la protección del desempleo, acuciado por la mayor flexibilidad del mercado laboral que recetan cada año la OCDE y otros organismos internacionales. Mirados desde cerca, los recortes no parecen causa de una huelga general. El objetivo del proyecto parece corto si se compara con la reforma de los convenios que pretendió hace meses el Ejecutivo y que optó por retirar. El único tema de fricción grave podría ser, curiosamente, el que ninguna de las partes menciona: la eliminación de los salarios de tramitación. Esta compensación establecida significa de hecho más de la mitad de la indemnización en los casos de despidos de contratados con antigüedad inferior a dos años, la gran mayoría, y además un tiempo muerto antes de que empiece a contar el periodo de seguro de desempleo. El plan de congelar el antiguo PER reduciéndolo a sus actuales beneficiarios a la espera de que se extinga y, en su lugar, crear un sistema contributivo para los trabajadores agrarios no se antoja muy viable, pero tampoco excesivamente conflictivo.
Lo que el Gobierno ha olvidado a la hora de plantear esta reforma es el papel institucional de interlocutor que, desde 1996, otorgó a los sindicatos y que tan buenos réditos políticos le ha rendido. También, que la propuesta se produce cuando el excedente de la Seguridad Social supera los 3.000 millones de euros y ha servido para tapar el déficit de las Administraciones públicas. Cuatro de cada diez parados carecen de prestación, y el 40% de los que la reciben están limitados a un subsidio asistencial.
Aparte de las formas, el Gobierno del PP parece no haber tenido en cuenta que la reforma propuesta pone a los sindicatos en contradicción con su propia historia. Los temas del empleo provocaron la primera gran huelga general, en diciembre de 1988, a la que tuvo que enfrentarse el Gobierno del PSOE y el decretazo de 1993 desembocó en otra. Dadas las escasas economías que se suponen al paquete de medidas que ahora se plantean, la duda es si conviene la confrontación abierta. Si no hay acuerdo, el presidente Aznar arriesga el fin de la paz social, clave en la moderación salarial y la creación de empleo que ha caracterizado el crecimiento económico de los últimos años. Y si se convoca la huelga general, los sindicatos pondrán en juego su verdadero poder de convocatoria.