El Gobierno intenta salvar la banca y evitar un colapso definitivo
El Ejecutivo argentino ha visto el abismo bajo sus pies. La incesante salida de fondos del corralito, merced a los fallos judiciales, ha colocado al sistema bancario al borde de la quiebra y obligado al cierre de los bancos. æpermil;ste puede durar hasta que el Congreso acepte el plan del Gobierno de poner fin a la congelación de los depósitos entregando bonos públicos a cambio. Nada asegura el éxito de esta virtual nacionalización del pasivo bancario, similar a la de 1990.
En marzo, la producción industrial argentina cayó un 18,1% respecto al mismo mes de 2001. La semana pasada, furiosas rebeliones de funcionarios, maestros y parados, que no cobran sus salarios desde hace meses, pusieron contra la pared a los Gobiernos provinciales de Chubut, San Juan, Buenos Aires, Córdoba, Chaco y Catamarca. Simultáneamente, crecen las suspensiones de pagos de grandes empresas locales y extranjeras.
Ahora, la amenaza de la caída golpea las puertas de los bancos. Técnicamente quebrados tras la retirada masiva del 25% de los depósitos a partir de julio del año pasado, la imposición del corralito en diciembre había evitado el colapso del sistema. Posteriormente, la asistencia continuada del Banco Central, con más de 3.000 millones de dólares (3.500 millones de euros) de redescuentos, les permitió a las entidades privadas y estatales hacer frente a los retiros de depósitos permitidos por los fallos judiciales en contra del corralito. Desde la devaluación de enero, la salida de dinero de los bancos ya ha acumulado 8.300 millones de pesos (unos 3.000 millones de euros).
El pasado jueves, el Banco Central suspendió por 30 días al Scotiabank, de capital canadiense, ante su imposibilidad de seguir devolviendo depósitos. En similar situación se encuentra la mayoría de los bancos argentinos, lo que obligó el viernes a cerrar los bancos como medida radical para evitar la fuga de depósitos. El envío al Congreso de un proyecto de ley para poner fin a la congelación de los depósitos trata de evitar el colapso.
El eje del proyecto oficial, que deberá superar el trámite parlamentario, es una repetición del Plan Bonex aplicado en enero de 1990 y que permitió, transitoriamente, superar la hiperinflación de 1989. Para evitar la quiebra de los bancos, el Gobierno del entonces presidente Carlos Menem decidió canjear, de manera forzosa, bonos por imposiciones en plazo fijo que las entidades no podían devolver.
Esta suerte de nacionalización de los pasivos bancarios parece constituir la única salida que visualizan el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, así como la mayoría de los economistas ortodoxos del país.
Pero, el intento no parece sencillo. Mientras en 1990 los depósitos a devolver equivalían a 3.360 millones de euros, ahora se trataría de emitir bonos en dólares y en pesos, a cinco y 10 años, según el proyecto oficial, para justificar la confiscación de 46.500 millones de dólares (52.000 millones de euros) y 18.000 millones de pesos (6.600 millones de euros).