Una reforma inofensiva
La reforma del sistema de protección por desempleo, si es que se puede llamar así a los retoques propuestos por el Gobierno, pretende poner orden en uno de los puntos más oscuros del itinerario del mercado de trabajo español. La contaminación intencionada con otras cuestiones, como la retirada de los salarios de tramitación en los despidos improcedentes, puede provocar la reacción de los sindicatos a una serie de modificaciones saludables que, en otro contexto, no hubieran provocado en ellos sino un encogerse de hombros.
Los cambios propuestos por los Ministerios de Trabajo y de Economía, que en esta ocasión van de la mano, no modifican la estructura del seguro ni del subsidio de desempleo. Se mantienen los periodos de cotización exigidos para el cobro, los periodos de prestación establecidos ya en la ley y las cuantías a percibir tal como quedaron desde la reforma de 1993. Nada, por tanto, que recuerde el decretazo que soliviantó las voluntades sindicales en los primeros años noventa hasta el punto de convocar dos huelgas generales. La intención mostrada ahora por el Gobierno del PP, que hoy será concretada ante sindicatos y patronal, es racionalizar el sistema ante un repunte del gasto que coincide con una fuerte creación de empleo.
Trabajo pretende, fundamentalmente, convertir la protección por desempleo, instrumento de política pasiva de empleo por antonomasia, en el primero de los instrumentos de políticas activas de empleo. Que el dinero gastado en protección se convierta en financiación formativa o en alivio de costes laborales en el caso de invertir la situación de pasivo en activo. Para ello prepara incentivos fiscales para estimular la aceptación de empleos, previa flexibilización del concepto de oferta de empleo adecuada, ahora interpretado de forma tan reglamentista que impide la movilidad funcional y geográfica de los parados. Pondrá también en marcha un sistema de cheque fiscal a cargo de la prestación para el fomento del autoempleo, ya existente en los ochenta, pero eliminado tras haberse convertido en una de las mayores vías de agua del sistema de cobertura.
Puede ser exagerado dar por buenas las tesis más liberales de que la cobertura desincentiva la búsqueda activa de empleo. Pero merece una reflexión el hecho de que en España más de un millón de personas sigan haciendo uso de la renta de desempleo cuando en los cuatro últimos años dos millones de inmigrantes han entrado en el país y tienen trabajo en su mayoría.
Por tanto, está bien revisar las situaciones fraudulentas que conviven en el modelo, como bueno debe parecer incrementar la cobertura a los colectivos más alejados del empleo, especialmente aquellos que ya han sido expulsados del mercado y tienen crecientes dificultades para volver a él. Los retoques merecen ser respaldados, pero la liquidación de las situaciones fraudulentas gana credibilidad si va acompañada de mejoras para los casos de desahucio laboral en los que se encuentran miles de parados.