La modulación de las ayudas agrarias
No resulta fácil explicar al gran público las razones profundas por las que los agricultores y ganaderos de la UE han venido y vienen cobrando subvenciones directas en apoyo de sus rentas. Incluso las razones que en los tiempos fundacionales de la CEE impulsaron a ellos, tales como 'garantizar a las poblaciones el abastecimiento de alimentos y de materias primas a la industria, a precios asequibles', son totalmente diferentes de las actuales en las que se favorece la disminución de muchas producciones, perdiendo tanto los agricultores como ganaderos su función de productores de alimentos para los hombres y materias primas para la industria, asignándoseles unos nuevos roles, relacionados con la protección del medio natural y con la ocupación del territorio.
Sin embargo, se cometería un grave error si se pensase que los agricultores y ganaderos de la UE constituyen un grupo especialmente apoyado dentro de los países desarrollados. Porque la realidad es que las ayudas a las rentas de los activos agrarios están generalizadas, variando sólo la forma de hacerlo. Aun así es innegable que la Organización Mundial de Comercio (OMC) presiona para disminuir y eliminar las subvenciones agrarias, particularmente en la forma europea de concesión, y que con los acuerdos ya firmados por la UE en el seno de la OMC, la liberalización de los mercados y la disminución de las subvenciones están aseguradas.
La situación del sector no es nada halagüeña y, de hecho, en la última década del siglo XX (1990-2000) ha perdido 585.000 activos, entre agricultores y ganaderos. Por ello, se le hace un flaco servicio cuando se alardea de que las rentas agrarias se han duplicado en los últimos 10 años y no se dice a continuación que, en gran parte, se debe a la disminución de la población activa agraria, que por cierto a nivel de activos totales está en el 6,7%, cifra similar a la de Austria o Finlandia, un punto menos que la italiana y cuyos retoques a la baja dada la naturaleza de nuestras producciones serán forzosamente lentos y difícilmente alcanzaremos el porcentaje italiano. Por otro lado, el panorama del empleo agrario es un tanto confuso, porque si bien es cierto que es uno de los sectores con más mano emigrante junto con los servicios y la construcción, por otro lado, y con las encuestas de población activa en la mano, el paro agrario representaba el 12,8% en 1990, mientras que en 2000 alcanzó el 18%.
Dado que la población activa agraria va a disminuir con dificultad y que las perspectivas de muchos sectores agrarios, no todos, de poder competir en un mercado más abierto son un tanto inciertas, la buena administración de las subvenciones agrarias se convierte en un elemento clave para el mantenimiento de las rentas agrarias, máxime cuando la ampliación de la UE nos aboca a una limitación de los recursos.
En cifras hablamos de más de 800.000 millones de pesetas que representan el 19% del valor de la producción final agraria. La repercusión de esta cifra es muy variada, ya que junto a sectores carentes de subvenciones como el aviar, porcino, frutas y hortalizas, en el que a lo sumo alguno de ellos, y en condiciones especiales, se beneficia de algunas medidas reguladoras del mercado, hay otros en los que su existencia está ligada a la subvención, gran parte de los cereales, cultivos como el azúcar, tabaco y algodón, e incluso producciones ganaderas como el ovino y el vacuno serían inviables con nuestros sistemas de explotación sin subvenciones. Luego, las subvenciones agrarias son determinantes, que por ende se constituye en un instrumento de política agraria de primer orden y de obligada regulación.
La primera exigencia, aunque parezca una paradoja, es que cumplan el fin que justifica su existencia, el mantenimiento de las rentas agrarias. Y que esto se haga con eficacia y equidad. Y desgraciadamente, en ocasiones, ambas cosas fallan. Ya se parte de un lastre importante cuando el 80% de las ayudas van al 20% de los perceptores, pero aún esta situación empeora cuando gentes de dentro o fuera del sector crean ex novo explotaciones agrarias, cuyo único fin es cobrar las subvenciones, naciendo la tristemente famosa figura del cazaprimas, con situaciones tan escandalosas como la del lino, que incluso está subiudice. La propia UE ha empezado a tomar conciencia de este problema y en uno de sus reglamentos ha permitido a los Estados la posibilidad de modular las ayudas agrarias hasta un 20% del total de las mismas, posibilitando que algunos agricultores y ganaderos cobren menos para establecer con el fondo así obtenido políticas de mejora de rentas, tales como aumentar las pensiones por jubilación anticipada o favorecer la repoblación forestal de tierras agrarias.
Pero la modulación puede y debe ser mucho más que un instrumento de redistribución presupuestaria. Impulsado por un principio de equidad, además, debe ser un eficaz instrumento de política agraria que contemple el complejo conjunto de factores que determinan tanto la rentabilidad de las explotaciones como el mantenimiento del empleo, junto a los equilibrios comarcales y territoriales.