La hora de las familias
El Partido Socialista se anticipó la semana pasada al Gobierno con la oferta de un ambicioso plan de apoyo a la familia, sobre el que hará girar el próximo mes de mayo su alternativa a la segunda reforma fiscal que prepara el Ministerio de Hacienda. Con casi dos años de antelación sobre la próxima cita electoral de carácter general, el primer partido de la oposición ha trazado algunos aspectos novedosos en la política social: ayudas económicas directas para el fomento de la natalidad, mejoras tributarias para las rentas más bajas, ampliación del permiso de maternidad y creación de otro específico de paternidad, extensión de las escuelas infantiles y aumento de las residencias para mayores, así como una ambiciosa política de vivienda con la cobertura de la protección oficial.
El programa necesita todavía de importantes concreciones para que pueda ser evaluado su impacto económico y social. No obstante, sirve a primera vista para resituar al PSOE dentro de la tradición socialdemócrata que marcó en décadas pasadas las políticas de países como Suecia. Y esas políticas son quizá más necesarias que nunca teniendo en cuenta el mensaje vacío y unidireccional que acostumbran a recibir los ciudadanos sobre las ventajas de ese 'más Europa' que pregona sin demasiada convicción José María Aznar, como él mismo acaba de reconocer ante un micrófono que no esperaba abierto en el Parlamento Europeo.
La doctrina oficial del Gobierno ha hecho descansar la política de apoyo a las familias españolas sobre los pretendidos beneficios del primer retoque del IRPF, aplicado en 1999, y cuyos efectos reales están lejos de ser conocidos con precisión. El PP se ha marcado el objetivo, de momento también teórico, de fomentar la solidaridad intergeneracional, establecer condiciones más favorables para el cuidado de los hijos y facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes. Sin embargo, en España el gasto público con relación al PIB destinado a la protección de la familia es uno de los más bajos de toda la Unión Europea, y existen indicios de retroceso en las políticas relacionadas con la sanidad y la educación, quizás las que más directamente afectan a la calidad de vida de las familias. Otras variables que también condicionan el buen funcionamiento del entorno familiar, como son la tasa de empleo femenino, la evolución de las pensiones públicas o la protección a las personas discapacitadas, tampoco deberían conducir al Gobierno a alardear de sensibilidad social.
La lejanía electoral -los comicios municipales y autonómicos serán dentro de un año- debería servir de acicate a los dos principales partidos para contrastar alternativas y someterlas a un debate público ordenado que evite la mirada al corto plazo y sirva para calcular con precisión el coste económico de cada propuesta o alternativa. Desgraciadamente, la primera reacción del Gobierno a la iniciativa del PSOE no apunta en esa dirección.