La CE acusa a España de no combatir la piratería en la televisión de pago
El Gobierno español no combate la piratería en codificadores de acceso a servicios de radio y televisión, como está obligado por una directiva comunitaria desde el 28 de mayo de 2000. La Comisión Europea perdió ayer la paciencia con una dejación que, a su entender, puede perjudicar la competitividad y dañar los ingresos de empresas de comunicación e informática y fragmentar el mercado único. Bruselas ha decidido llevar a España ante los tribunales.
Ahora, el Gobierno español deberá explicar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por qué no ha notificado aún las medidas adoptadas para prohibir la piratería de codificadores, tarjetas inteligentes de acceso a determinados servicios y programas informáticos. La UE adoptó el 20 de noviembre de 1998 una directiva que intenta combatir esa actividad ilegal.
Los Estados miembros disponían de 18 meses para incorprorar en su ordenamiento jurídico las medidas necesarias para prohibir 'la fabricación, importación, distribución, venta, alquiler o tenencia con fines comerciales' de cualquier dispositivo ilegal para el acceso a servicios de pago. Los Quince debían adoptar, además, sanciones efectivas y disuasorias.
Así lo ha hecho la mayoría de los Estados, salvo, a juicio de la Comisión, España, Grecia, Bélgica y Luxemburgo. El Ejecutivo comunitario denunció ayer a estos cuatro países.
Bruselas considera inadmisible la falta de protección a la propiedad intelectual, un bien intangible que aporta ya más del 0,6% del PIB comunitario. Desde el año 1998, la legislación europea protege en particular las tecnologías digitales que, aplicadas al mundo de la comunicación, 'permiten incrementar la posibilidad de elección de los consumidores y contribuyen al pluralismo cultural'.
En España, Canal+, participado por el Grupo Prisa, ofrece desde el año 1990 el servicio de televisión de pago.