Globalizar las políticas sociales
Al no existir una autoridad política global, el mercado adquiere una capacidad organizativa que trasciende la esfera estrictamente económica
La política social (PS) nació a finales del siglo XIX para atender las necesidades de determinados grupos -trabajadores enfermos, accidentados, jubilados, jornadas excesivas, condiciones físicas insalubres, etcétera-, que no eran tomadas en consideración por el sistema del mercado libre existente en cada país. Las PS tienen, pues, por su origen un carácter nacional. Fueron unas decisiones de la autoridad política con las que se quiso completar en la esfera social la acción coordinadora del mercado en el ámbito económico. Supone, por lo tanto, el reconocimiento de que el sistema de mercado no tiene capacidad para organizar la sociedad en los aspectos que no son propiamente económicos.
A esta conclusión se llegó por diferentes caminos: el teórico de los expertos en las ciencias sociales; el experimental en el que se reflejaban las carencias, que padecían los grupos referidos y otros muchos, y el revolucionario, que no siempre jugaba limpio y atizaba el malestar social para sus propios fines. Históricamente las políticas sociales fueron una conquista europea, que se consolidó y consiguió su máxima vigencia después de la Segunda Guerra Mundial.
La globalización, por su parte, tiene como uno de sus elementos específicos la eliminación de las barreras que delimitan los mercados nacionales y la creación de un mercado libre global. El proceso de globalización ha pasado por diferentes etapas (empresas multinacionales, rondas de liberalización del comercio exterior, división en bloques económicos, etc.) y todavía no ha llegado a su plena realización.
Esta cuasi eliminación de los mercados nacionales ha puesto lógicamente en cuestión las políticas sociales nacionales desde una doble perspectiva: la económica y la política. La económica, porque mientras sigan teniendo vigencia las leyes sociales de los distintos países, existe un factor de costes que discrimina los productos por razones extraeconómicas modificables. Desde la perspectiva política, porque al no existir una autoridad política global, se tiende a atribuir al mercado una capacidad organizativa que trasciende la esfera estrictamente económica, con los desfavorables resultados que se pueden esperar de la inadecuación de fines y medios.
Las consecuencias de esta situación son las mismas a nivel global que las que trató de resolver la política social de cada país: desigualdades económicas, malestar de los grupos sociales no atendidos por el mercado, injusticias y tendencia a recurrir a la violencia.
La globalización necesita, por tanto, una política social global que no implica la desaparición de las políticas sociales nacionales. Si no se busca una solución de este tipo, la despótica vigencia de un mercado individualista y liberal sin el contrapeso de una política social nos puede llevar a que caigamos en la cuenta de su necesidad con la repetición de los lamentables acontecimientos que trató de evitar la política social en los mercados nacionales.
Por eso no es extraño que con la economía globalizada estén apareciendo grupos antiglobalización de muy diversas tendencias y que algunos deriven hacia la violencia y el terrorismo internacional, cuyas posibilidades han quedado de manifiesto en los acontecimientos del 11-S y sus lamentables secuelas. Resulta, pues, aconsejable una acción política que organice el contrapeso social al mercado globalizado, como en su día organizó con éxito los mercados nacionales.
Autoridad mundial
La PS global ha de exigir un mínimo de estándares de vida y condiciones de trabajo que puedan ser asumidos por todos los países del mundo por muy pobres que sean. Se ha de referir, por tanto, a los derechos humanos más fundamentales como pueden ser los que se refieren a la edad para empezar a trabajar, la igualdad de los sexos, la duración de la jornada laboral, el salario mínimo, los sistemas de protección social y las políticas redistributivas o de ayuda al desarrollo.
Sobre esta base de condiciones mínimas, cada Estado podrá desarrollar su propia política social de acuerdo con sus tradiciones, su sensibilidad para estos problemas y el nivel de productividad de su economía. Por lo tanto, como se ha dicho, parece razonable que se admita que puedan, y es conveniente que coexistan una política social global y la política social que cada Estado quiera y pueda permitirse en cuanto al tipo de seguros con que se quiere proteger a sus ciudadanos, el nivel de las prestaciones, la forma de su financiación, etc.
En lo que no exista una autoridad mundial que pueda imponer de forma vinculante esos estándares sociales mínimos se podrían modificar los estatutos de algunos organismos internacionales ya existentes, como la OMC, la OIT o incluso la ONU, dotándoles de la capacidad de control y sanción para cubrir ese vacío de autoridad política que impide que haya una política social global, con el riesgo para la situación actual de minar los aspectos favorables de las tendencias globalizadoras.