Los consumidores llevarán a los tribunales a Repsol y Cepsa
La Plataforma Nacional de Consumidores de Carburantes y la Confederación de Empresarios Españoles de Estaciones de Servicios anunciaron ayer que emprenderán acciones penales en calidad de perjudicados contra Repsol y Cepsa ante la Audiencia Nacional por pactar supuestamente los precios de los carburantes.
La denuncia o querella, aún por determinar, podría presentarse después de la Semana Santa y no se descarta incluir a la petrolera BP (esta compañía fue investigada en un principio junto a Repsol y Cepsa). La acusación se centrará en el artículo 284 del Código Penal (antiguo delito de maquinación para alterar el precio de las cosas), aunque los denunciantes no precisaron si irá dirigida contra las compañías o contra sus directivos.
La decisión de consumidores y gasolineros se produce después de que el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, acordara la semana pasada rechazar la querella que el fiscal jefe anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, elaboró contra Repsol y Cepsa.
En el caso de que el juez de la Audiencia Nacional decida abrir diligencias e investigar el asunto, el fiscal jefe anticorrupción deberá remitir toda la documentación que haya recabado en su investigación al juzgado correspondiente. Si así fuera, el caso no sería examinado por la Junta de Fiscales de Sala, tal y como solicitó Jiménez Villarejo después de que Cardenal paralizara su borrador de querella alegando que el delito no estaba muy claro. Jiménez Villarejo hizo uso del artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal que permite ir contra las decisiones de los superiores jerárquicos y pidió que el caso fuera analizado y debatido en la Junta de Fiscales de Sala, máximo órgano consultor del fiscal general del Estado.
El portavoz de la Plataforma de Consumidores de Carburantes, Fernando Moraleda, manifestó ayer en rueda de prensa que el objetivo que persiguen con las acciones penales anunciadas 'es que no se entierre una investigación pública y que el trabajo de año y medio de Jiménez Villarejo no se suspenda por un acto político y no judicial'. Moraleda acusó al Gobierno de guardar 'un silencio cómplice respecto a la actitud del fiscal general del Estado' y le pidió que defienda el interés general de todos los consumidores.
El portavoz de los denunciantes también pidió al Ejecutivo que 'no trate con distinto rasero a consumidores y a multinacionales, cuyos consejos de administración están más cerca del Gobierno que de la defensa de los intereses de los ciudadanos'.