'Corralitos' europeos
El Consejo Europeo de Barcelona ha estado marcado por la inminencia de procesos electorales en varios de los principales Estados miembros, cuya influencia en las deliberaciones ilustra la derrota electoral, este mismo fin de semana, de uno de los participantes. Las barbas de otros, puestas a remojar hace tiempo, han impedido alcanzar acuerdos de calado en los asuntos más sensibles, en los que hay que contentarse con los compromisos posibles.
Uno de esos asuntos sensibles en los que sólo se ha podido lograr un compromiso de alcance limitado es la liberalización de los mercados energéticos. El compromiso consiste en liberalizar, como mínimo, un 60% del mercado para el año 2005, un objetivo que no puede calificarse de ambicioso ni por su nivel ni por su alcance. Por su nivel, porque varios Estados miembros sobrepasan actualmente ese porcentaje; varios otros lo van a superar mucho antes de 2005, y otros, entre ellos España, van a llegar al 100% en menos de un año. Y por su alcance, porque basta una definición no demasiado pacata de 'grandes consumidores', aquellos que disfrutan de libertad de elección de suministrador, para alcanzarlo.
El 60% supone que aquellos que se atengan al mínimo podrán seguir negando esa libertad de elección a sus consumidores domésticos. Si además el único suministrador es un monopolio público, el consumidor queda desvalido, obligado a adquirir su energía a un único monopolio y a pagarla a la tarifa fijada por el dueño de éste.
æpermil;sa es la situación en Francia y, sin embargo, a los principales contendientes en las próximas presidenciales francesas, presentes ambos en Barcelona, parece preocuparles más mantener los privilegios de æpermil;lectricité de France, el monopolio eléctrico, y el posible enfrentamiento con los intereses sindicales de sus empleados, que la liberación de sus ciudadanos de un corralito del que muchos europeos ya han conseguido escapar y otros estamos en camino de hacerlo.
Los Estados miembros han alcanzado asimismo en Barcelona el compromiso de llegar tan pronto como sea posible en 2002 a un acuerdo para el establecimiento de aranceles para las transacciones transfronterizas en materia de electricidad y han asumido el objetivo de que los Estados miembros deberán tener un nivel mínimo de interconexiones eléctricas del 10% de su capacidad de producción instalada para 2005.
Estos acuerdos suponen un éxito importante para España y Portugal, ya que implican que la conexión transpirenaica triplique como mínimo su capacidad actual, lo que permitirá que la península Ibérica deje de ser una isla eléctrica, pero constituyen un avance demasiado tímido en la creación de un mercado único de la electricidad, cuya consecución requiere la libertad de prestación de servicios y de elección de suministrador en todos los Estados miembros, la plena interconexión y la supresión de trabas al intercambio transfronterizo. Mientras no haya un mercado único, no habrá competencia digna de tal nombre en los mercados nacionales.
Se han alcanzado acuerdos importantes también en transportes, destacando el de crear el cielo único en 2004. No obstante, en las Conclusiones de la Presidencia se insta al Consejo a adoptar, antes de que el año termine, la Directiva sobre Fiscalidad de la Energía 'teniendo presentes las necesidades de los profesionales del sector transporte por carretera'.
El aroma a privilegios sectoriales que desprende el entrecomillado es inquietante, no sólo porque esos privilegios van de nuevo en detrimento del consumidor, sino también porque la consecución de los objetivos de Lisboa requiere abandonar intervencionismos sectoriales en beneficio de políticas públicas horizontales que sirvan para aumentar la productividad, competitividad y capacidad de generación de empleo de toda la economía.
En lo relativo al otro aspecto clave, la liberalización del mercado de trabajo, Barcelona ha respondido a lo esperado. La Unión puede y debe apoyar la creación de un mercado más flexible a través de elementos tales como la formación o la movilidad intraeuropea de los trabajadores, en lo cual la tarjeta sanitaria presentada en Barcelona es, sin duda, un avance, pero en lo esencial la liberalización del mercado de trabajo depende de las decisiones de los Estados miembros.
La UE puede hacer poco más en reuniones como la de Barcelona que insistir en su necesidad y ofrecer cobertura política para adoptar unas medidas que no siempre son populares.
Pero son el Ejecutivo y el Legislativo españoles sobre los que recae la responsabilidad de plantearse limar la proverbial rigidez de la negociación colectiva en España mediante la descentralización de los convenios colectivos, la eliminación de su ultraactividad y abriendo la puerta a la libertad de pacto entre las partes.
Son ellos también los que deben reflexionar acerca de si la protección al desempleo en su formulación actual no supone un incentivo negativo al trabajo, sobre si el elevado coste del despido no actúa de freno a la contratación, si la regulación actual del suelo y de los arrendamientos urbanos no supone una fuerte traba a la movilidad laboral, si los costes laborales no salariales no suponen un freno al empleo mayor que en el promedio de la Unión y acerca de por cuánto tiempo van a mantener aún la apariencia de confiar en la sostenibilidad del actual sistema de pensiones.
En Barcelona, Aznar ha movido bastante bien los hilos que pasan por Bruselas, pero, cuando regrese de Monterrey a Madrid, tendrá que mover ficha en casa.