El IPC sigue sin control
El índice de precios de consumo (IPC) avanzó una décima en febrero y mantuvo la tasa interanual, la de los últimos 12 meses, en el 3,1%, tal como quedó en enero. Pero se produjo un nuevo repunte en la subyacente, que no incluye los precios de alimentos frescos y energía, como tampoco los aumentos de impuestos. Por tanto, la tasa de inflación de España sigue siendo un problema, porque el alivio experimentado por el diferencial de precios con los competidores directos de la UE también se ha esfumado de nuevo en febrero. Ha pasado de 0,4 puntos a 0,6, y no hay síntomas de que en los próximos meses se vaya a contener.
El nuevo IPC sigue además arrastrando la sombra de la duda, porque la nueva medición de los precios implantada en enero no puede compararse con las de 2001 al negarse el Instituto Nacional de Estadística a publicar las series de 2001 que no contabilizaban, por ejemplo, el impacto de las rebajas.
Los precios en febrero siguieron sufriendo el impacto de la implantación del euro. Los efectos del redondeo al alza en los precios más comunes de consumo diario, como bares, restaurantes y alimentación, no se agotaron en enero, sino que previsiblemente se harán notar también en marzo. El pasado mes, este tipo de productos y servicios crecieron un 0,9%, cuando en enero lo habían hecho en un 1,1%. Sin embargo, en los países que mantienen más directa competencia comercial con España, como es el caso de Alemania o Francia, los precios cedieron ya en febrero, tras el primer impulso del euro de enero, lo que ha provocado que se ensanche el diferencial de inflación y se deteriore un poco más la competitividad conseguida entre 1998 y 2000.
El nuevo diseño del IPC sesga al alza el peso específico de los servicios, normalmente más inflacionistas por la fuerte presión de la demanda en España, que aún tiene un largo trecho que recorrer para llegar a la media de riqueza de la Unión Europea. El agregado de todos estos elementos, y pese al comportamiento neutro de la alimentación y de la energía en los últimos meses, revela que la inflación en España no está ni mucho menos controlada, pese a que el Gobierno no para de ensalzar los altos niveles de liberalización económica alcanzados.
Una vez más, empresarios y sindicatos, que tienen en sus manos la determinación del crecimiento de la mitad de la renta nacional, se enfrentan a la negociación colectiva con el temor de que el avance de los precios estropee sus proyecciones de moderación salarial. Lógicamente, no es sólo el Gobierno el responsable del desequilibrio pese al factor inflacionista de las subidas de impuestos. También lo son quienes han aprovechado la entrada en circulación de la moneda única, adoptada con el objetivo de la estabilidad, para ensanchar sus márgenes de beneficio. Pero es necesario corregir el tiro, porque, de lo contrario, ahora que no hay posibilidad de actuar sobre la política monetaria, el resultado será un recorte de la producción y del empleo.