Distribución eléctrica, ¿liberalizada?
Manuel Pimentel critica la prepotencia de las compañías predominantes en la distribución eléctrica. Las acusa de atentar gravemente contra la libertad de mercado
El sector eléctrico en España ha estado sometido tradicionalmente a una fuerte regulación pública, tanto en el régimen de autorizaciones como de tarifas. Sin embargo, la concentración en las mismas manos de la generación, distribución y comercialización, así como la imposibilidad del consumidor de poder elegir vendedor de su consumo eléctrico, libertad elemental en cualquier mercado de competencia, hicieron necesarias importantes medidas para liberalizar el sector.
En 1997, la aprobación de la Ley 54/1997 supuso una auténtica revolución para la gestión de nuestro mercado eléctrico, con transcendentes modificaciones del sector tradicional, destinadas sobre todo a su modernización y liberalización. Reproducimos un párrafo de la Exposición de Motivos de la ley, por ser suficientemente explícita de sus intenciones: 'La presente ley tiene el triple y tradicional objetivo de garantizar el suministro eléctrico, la calidad de dicho suministro y que se realice con el menor coste posible. Sin embargo, la presente ley se asienta en el convencimiento de que no se requiere más intervención estatal que la propia regulación específica supone. Así, se abandona la noción de servicio público, sustituyéndola por la expresa garantía de suministro. La gestión económica del sistema se basará en las decisiones de los agentes económicos en el marco de un mercado mayorista organizado de energía eléctrica'. Como se puede apreciar, por activa y pasiva, la ley pretende reforzar la participación privada, así como desarrollar la competencia.
También se marcaron las pautas de funcionamiento y accionariado de Red Eléctrica Española, atribuyéndole importantes funciones como operador del sistema y gestor de la red de transporte, con expresa vocación privada, ya que a pesar de la importancia estratégica de dicho operador en el sistema eléctrico español, en el horizonte de 2004, la ley apunta a una participación pública de tan sólo un 10%.
Es decir, que estaríamos ante otro elemento de privatización y liberalización, al no permitir que ningún privado pudiera acumular más del 10% del capital, y limitando la suma posible de participaciones de empresas participantes en el sistema eléctrico a un 40%.
Pero la liberalización perseguida por la ley no se limitaba tan sólo a la generación y operación del sistema, ambicionando también el liberalizar el transporte y la distribución. Según su exposición de motivos: 'El transporte y la distribución se liberalizan a través de la generalización del acceso de terceros a las redes. La propiedad de las redes no garantiza su uso exclusivo. La eficiencia económica que se deriva de la existencia de una única red, raíz básica del llamado monopolio natural, es puesta a disposición de los diferentes sujetos del sistema eléctrico y de los consumidores'.
Cuál es el balance de la ley a cinco años de su aprobación? Consideramos que positiva, a pesar de mantener todavía muchos aspectos por desarrollar y perfeccionar. Sin entrar en el siempre complejo proceso de fijación de tarifas por parte del Gobierno, evidente -pero quizá necesario- freno al libre mercado, querríamos empezar a analizar lo acontecido con una actividad tan relevante como la distribución.
El Real Decreto 1955/2000 que desarrollaba la ley, establecía una compleja serie de requisitos que debía cumplir los sujetos que quisieran distribuir en competencia al operador dominante de la zona. Las exigencias -capacidad legal, técnica y económica, concesión de las instalaciones de distribución, aprobación de la retribución e inscripción en el registro- eran de por sí muy difíciles de obtener, por lo que se advertía desde el principio un deseo gubernamental de no facilitar demasiado la incorporación de nuevos agentes de distribución, a pesar de que podrían introducir una positiva competencia beneficiosa para el consumidor.
Pues bien, cuando ya llevamos varios años de funcionamiento de la ley y de su decreto, que teóricamente persiguen el fomento de la competencia, nos podríamos formular la pregunta clave: ¿cuántas empresas están distribuyendo en competencia, de acuerdo con la nueva ley? La repuesta no puede ser más triste; ninguna, a pesar de que varias -muy solventes- llevan tiempo intentándolo, especialmente en la Comunidad Valenciana. ¿Y cómo es posible una carencia tan estridente? ¿Quién tiene la culpa?
En este caso debemos exculpar a las Administraciones que, a pesar de haber tenido que modificar sus hábitos y procedimientos, han realizado un gran esfuerzo por cumplir los nuevos requisitos. La culpa la tienen los cuasi monopolios que suponen los distribuidores dominantes, que dilatan, incluso con sentencias judiciales en su contra, el enganche que permite la operación a los nuevos distribuidores.
Esa prepotencia monopolística disuade los positivos intentos de entrar en el mercado de la distribución, ya que le hacen llegar claro el mensaje: 'Olvídalo; suponiendo que consigas todos los permisos, no te daremos el enganche, así que ya sabes; mejor, no te metas en líos, te puede costar mucho dinero. Y si vas a los tribunales, recurriremos hasta la última instancia; tardarás años en poder distribuir normalmente a ese cliente que nos has robado. Mejor, quédate tranquilito'.
Así de dura y de clara es la inaceptable coacción mercantil que las grandes distribuidoras están practicando para salvaguardar su monopolio, desbaratando y haciendo imposible de cumplir los objetivos de la ley. Las Administraciones no pueden permanecer impasibles ante estos comportamientos que atentan gravemente contra la libertad de mercado. Si no conseguimos competencia en la distribución, gran parte de los afanes liberalizadores habrán quedado a nobles ideales plasmados en el papel. No deberíamos permitirlo.