Un eje de cuidado
José María Zufiaur repasa las decisiones económicas de Tony Blair, Silvio Berlusconi y José María Aznar. El autor augura que los acuerdos en la Cumbre de Barcelona serán difíciles porque las políticas que aplican son divergentes
No es probablemente casual que los tres líderes políticos europeos menos reticentes con la estrategia militar-imperial de George Bush -quien, en su discurso sobre el estado de la Unión, denunció la existencia de un 'eje del mal' constituido, según él, por Irak, Irán y Corea del Norte- sean quienes aparezcan coaligados, de cara al Consejo Europeo que se celebrará este fin de semana en Barcelona, para intentar sacar adelante reformas económicas y laborales que parecen más inspiradas en el modelo económico-social americano que en el europeo.
Aznar, Blair y Berlusconi se han erigido en el nuevo 'eje modernizador' (cada vez que estos señores nos anuncian modernización y reformas el común de la ciudadanía nos echamos a temblar) para seguir profundizando en el debilitamiento de los derechos laborales, en la preeminencia del mercado y en el recorte escalonado de la protección social pública. El deterioro de los servicios públicos británicos, al que no ha sido ajeno el Gobierno de Tony Blair; la confrontación social provocada por el intento de Berlusconi de modificar las condiciones del despido laboral y su tendencia a convertir Italia, desde la política exterior al festival de Venecia, en una colosal sociedad anónima; que España, durante el Gobierno de Aznar, sea el país de la UE en el que el porcentaje del gasto social sobre el PIB se haya alejado negativamente más respecto a la media europea, son algunos botones de muestra que deben prevenirnos sobre los resultados que podemos esperar de tal conjunción política, que nos quiere modernizar retrotrayéndonos al liberalismo anterior al Estado social. Según lo previsto, el Consejo Europeo de Barcelona debería realizar un balance intermedio de la 'estrategia de Lisboa' -consistente en convertir a la economía europea en la más competitiva del mundo, con una sociedad basada en el conocimiento, con pleno empleo, empleo de calidad y una cohesión social reforzada- y establecer líneas de actuación para el próximo año. Sin embargo, lo que prioritariamente propicia la presidencia española son reformas estructurales en los mercados del transporte, de la electricidad, del gas, de los mercados financieros y una mayor 'flexibilidad' y movilidad laboral. En cuanto a lo primero, Francia es la que, en defensa de los servicios de interés general, viene frenando los ímpetus liberalizadores del 'eje'; respecto a lo segundo, el canciller Schröder ha reclamado al triunvirato 'responsabilidad social', lo que no es seguro que baste para frenar su ansia flexibilizadora.
Es probable, por ello, que la estrategia de Lisboa quede en Barcelona reducida a la 'estrategia de Cardiff' (en referencia a la cumbre europea celebrada en junio de 1998 en esa ciudad, donde se establecieron los objetivos para la reforma de los mercados en la Unión). No están previstas medidas macroeconómicas para seguir avanzando, en una coyuntura recesiva, hacia el objetivo del pleno empleo; hay una total desvinculación entre las medidas dirigidas a la apertura de los mercados y la preservación de los servicios de interés económico general, esenciales para el éxito de la estrategia de sostenibilidad establecida en Lisboa; la referencia a la 'formación a lo largo de la vida' no va acompañada de propuestas para superar el hecho de que la formación se acumula en los ya formados y no llega a los analfabetos funcionales, a los precarios, a los de las regiones atrasadas, a los de las pequeñas empresas; la retórica sobre la calidad del empleo se olvida de la precariedad laboral, expresión máxima de la no calidad en el empleo; los llamamientos a la prolongación de la vida activa no van a la par con propuestas de solución para un porcentaje creciente de trabajadores que se ve obligado o impelido a prejubilarse a edades cada vez más tempranas; se propone endurecer el acceso a las prestaciones de desempleo al tiempo que se propugnan nuevas rebajas fiscales que, en nuestro caso, luego se compensan con los superávit de las cotizaciones a la prestación de desempleo y a la seguridad social.
La cumbre de Barcelona será, asimismo, la primera que se celebra tras el acuerdo común de los interlocutores sociales europeos, alcanzado en el mes de diciembre pasado durante la presidencia belga, en el que, entre otras cosas, se propone la constitución de una instancia única e integrada de concertación tripartita (sindicatos, empresarios, Comisión, Consejo y Banco Central Europeo) en la que se aborden todas las cuestiones de la estrategia de Lisboa: empleo, política macroeconómica, reformas de los mercados, así como protección del medio ambiente.
Pero qué futuro puede tener una propuesta tan interesante si las decisiones sobre fiscalidad se toman por un lado, las de empleo por el suyo, las de los tipos de interés por otro, las reformas de los mercados por otro distinto, las que afectan a las pensiones en otro diferente y las de inversión y desarrollo también por su lado, y en todas sin la negociación con los interlocutores sociales. ¿Qué clase de concertación puede ser ésa?